Como millones de argentinos, Sofía Sosa festejó durante la tarde del domingo 18 de diciembre que la Selección había salido campeón del mundo. Estaba embanderada, celebrando con amigos en las calles de Salsipuedes, en las afueras de Córdoba Capital. Pero horas después, esa misma noche, la vida de esta chica de 23 años terminaría con una pesadilla. Estaba en su casa, acompañada por su hijo de cuatro años y un amigo, cuando su ex pareja apareció por sorpresa. La acuchilló hasta matarla.
Los femicidios son una tragedia que no encuentra solución en los últimos años. Las organizaciones especializadas en violencia de género coinciden en que alrededor de 300 mujeres por año mueren en Argentina por crímenes de género, una cifra que se mantiene estable. La implementación de distintas políticas públicas y la inyección de mayor presupuesto estatal para combatir esta problemática no refleja, por ahora, un descenso en los asesinatos de mujeres.
Los números no oficiales, que durante largos años fueron el único registro sobre femicidios, afirman en esta tendencia. La organización La Casa del Encuentro relevó 301 crímenes de género durante 2022; el Observatorio Lucía Pérez registró 323 femicidios el año pasado, uno de los peores de la última década. Los datos oficiales de 2022 que recopila la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, basados exclusivamente en expedientes judiciales, estarán disponibles a partir de junio próximo, pero la tendencia en años anteriores acompañaba la tendencia que muestran las ONG.
Como Sofía, otras dos mujeres fueron asesinadas mientras los argentinos festejaban el mundial. 2022 fue un año violento para las mujeres. El relevamiento del Observatorio Lucía Pérez indica que hubo 27 femicidios por mes, prácticamente uno por día. Esa organización, además, señala que los crímenes de género aumentaron por cuarto año consecutivo en el país.
“La tasa de femicidios se mantiene estable, lo que da cuenta de una tremenda problemática a nivel nacional, que ha calado muy hondo a nivel social y cultural. Necesitamos mantener esta jerarquía en las políticas de prevención de la violencia de género pero sostenida en el tiempo, una política a largo plazo”, aseguró Laurana Malacalza, subsecretaria en el Ministerio de las Mujeres.
En la misma línea, Natalia Gherardi, directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) definió como “muy grave” la situación: “Las estadísticas muestran un número estable de femicidios a pesar de que en los últimos años se invirtió como nunca antes desde el Estado, en términos de institucionalidad, de recursos humanos, presupuestarios y también de cambios normativos. Se hizo mucho, pero las muertes no bajan. Estos datos muestran que es un problema muy difícil de solucionar. Eso no quiere decir que hay que hacer menos, todo lo contrario”.
Los cambios institucionales para luchar contra la violencia de género se acentuaron en los últimos 15 años. El Congreso aprobó en 2009 la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Se modificó el Código Penal en 2012 para introducir la figura de femicidio como un agravante. Y tras la multitudinaria marcha de Ni Una Menos, en junio de 2015, la sociedad civil impulsó más cambios como la aprobación de un Plan Nacional de Acción contra la violencia de género, que implementó el Poder Ejecutivo. Años después, Alberto Fernández creó el Ministerio de las Mujeres con políticas que atendieron esta problemática como el Programa Acompañar, que brinda una ayuda económica a las mujeres que sufren amenazas. El 90% del presupuesto de todo ese ministerio se destinó el año pasado a pagar ese subsidio, informaron fuentes oficiales.
A Flourish chartAsesinos conocidos
¿Quiénes son los victimarios? Casi el 60% de los femicidios son cometidos por parejas o ex parejas de las mujeres. A eso hay que sumarle otro 16% que son familiares. Es decir, la mayoría de los agresores mantenía una relación sentimental con las víctimas. Estas conclusiones se desprenden del análisis realizado por Infobae sobre más de 4013 femicidios registrados durante los últimos 15 años por el Observatorio Lucía Pérez.
El perfil de las víctimas de femicidios son mujeres muy jóvenes: casi la mitad de las asesinadas tenían entre 20 y 40 años, según los datos revisados entre 2008 y 2022. Pero la franja que más crímenes sufrió es la de 20 a 24 años. Además, sorprende particularmente que las muertes de adolescentes y niñas suman el 18% del total de casos. Se reportaron, además, 213 niñas de hasta nueve años asesinadas en todo el período analizado.
“Notamos un cambio generacional bien fuerte de las mujeres jóvenes de no bancarse más la situaciones de violencia de género. Un ejemplo muy claro es que la mayoría de las que piden ayuda a través de la línea 144 o las que se suman al Programa Acompañar tienen entre 20 y 29 años. Las mayores de 60 años, en cambio, son las que menos se contactan con el Estado, quizás porque naturalizan más la situaciones de violencia. Los varones tratan de disciplinar a las mujeres más jóvenes porque no aceptan los patrones más tradiciones que modificó el feminismo”, argumentó la funcionaria Malacalza.
Las estadísticas confirman, además, que una de las características de los femicidios suele ser el uso de violencia extrema contra las mujeres. El 70% de las víctimas son asesinadas a puñaladas, ahorcadas, a los golpes y hasta quemadas. Hubo 222 casos (seis de cada 100 crímenes) en que las quemaduras por fuego fueron las detonantes de las muertes.
El asesinato de Wanda Taddei, en 2010, ejecutado por su pareja, el músico Eduardo Vázquez, instaló esta problemática en la agenda pública. Sin embargo, la difusión que tuvo el crimen en los medios de comunicación habría generado un “efecto contagio” entre los agresores: desde ese momento se multiplicaron los femicidios por quemaduras en Argentina.
La figura de femicidio fue legalmente incorporada en noviembre de 2012. El Congreso modificó el Código Penal para sumarla como un agravante a quien matare “a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”. También se agregó un agravante en el caso de que los homicidas sean parejas o ex parejas. Esta medida fue una respuesta a una demanda colectiva que comenzaba a instalarse en la sociedad civil a raíz de los reiterados casos de mujeres asesinadas.
Tres años después, la multitudinaria marcha Ni Una Menos fue el detonante para que, entre otras cosas, se creara el primer registro oficial de víctimas de femicidios, travesticidios y trans feminicidios. La Corte Suprema puso en marcha en 2017 el Registro Nacional de Femicidios. Este registro releva todas los expedientes judiciales en las que se investigan muertes violentas de mujeres y de mujeres trans/travesti por razones de género.
Protección y condena
Sofía Sosa, la chica asesinada en Córdoba después de los festejos de la Selección, no llegó a activar el botón antipánico antes de que su agresor la acuchillara. Las autoridades le habían entregado este elemento como medida preventiva, para avisar a la policía si su ex pareja se acercaba a su hogar, ante las amenazas que ya había denunciado.
Como Sofía, fueron 39 las mujeres asesinadas en 2022 que ya había advertido a las autoridades sobre conductas violentas de novios, maridos y parejas. Las medidas de prevención no siempre funcionan. El 17% de las mujeres asesinadas en los últimos 15 años (un total de 668 casos) ya había hecho denuncias por violencia de género.
“El Estado pierde muchas oportunidades de asistir de manera pronta y oportuna y eso puede derivar en consecuencias muy graves. La medida de protección no es un escudo, es una medida ineficiente si no está acompañada de otras cosas. Las medidas preventivas del Estado son insuficientes, descoordinadas y limitadas en su alcance. La falta de coordinación en la respuesta entre los diferentes poderes del Estado y niveles jurisdiccionales genera un agravamiento de la situación de la mujer”, aseguró Natalia Gherardi de ELA.
A diferencia de otros delitos, muchos de los femicidios son crímenes menos complejos para su resolución, dado que en la mayoría de los casos los sospechosos son parejas o ex parejas que incluso ya habían sido denunciados previamente. Sin embargo, el número de sentencias en el período 2008-2018 es de apenas el 37%, según los datos del Observatorio Lucía Pérez.
Victoria Vaccaro, especialista en temas de género del Fondo de Poblaciones de la ONU, advirtió que estos datos de la sociedad civil “alertan para seguir trabajando en Argentina, donde hay una estructura de desigualdad muy fuerte entre los géneros. Tenemos muchas mujeres a las que les cuesta mucho acceder a la protección y a la reparación”. La experta remarcó, además, la importancia de enviar un mensaje con las condenas: “Las penas ejemplificadoras desde la justicia son indispensables para que los familiares de las víctimas sientan reparación y para que la sociedad perciba que se hace justicia ante estas situaciones tremendas. También es importante para que los perpetradores vean cuáles son las consecuencias de la violencia de género, porque si estas situaciones no son sancionadas podría enviarse un mensaje complicado”.
El último informe de Human Rights Watch sobre Argentina, publicado hace diez días, alertó sobre la impunidad de los femicidios en el país. “A pesar de que una ley sancionada en 2009 dispone de medidas exhaustivas para prevenir y castigar la violencia contra las mujeres, la impunidad por homicidios de mujeres sigue siendo un problema grave. En 2021, el Registro Nacional de Femicidios reportó 231 femicidios y apenas seis condenas”, indicó la organización internacional. Los familiares de las víctimas piden que la Justicia acelere los tiempos procesales, pero también reclaman al Estado por los costos económicos que tienen que afrontar para seguir el día a día de un expediente judicial.
Las estadísticas indican que, una vez que la justicia concluye los procesos contra los femicidas, las condenas suelen ser altas. Una década después de la modificación del Código Penal para introducir la figura de femicidio como una instancia penal que agrava el asesinato de una mujer, casi el 70% de los sentenciados recibieron una pena de entre 31 y 35 años de prisión, una condena equivalente a la reclusión perpetua.
¿Cómo se procesó la información?
La unidad de datos de Infobae relevó el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina y de las ONGs Observatorio Lucía Pérez y Casa del Encuentro
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Procesamiento y visualización de datos: Andrés Snitcofsky
Fuente:infobae
