IPVyH: Una corporación, club privado o una oficina pública. De

Rio Grande 12/07/2022.- El Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH) ha sido noticia en los últimos días por un verdadero escándalo que pareciera va a solucionarse después de ser tapas de algunos pocos medios en la provincia. Maltrato, hostigamiento, abuso laboral y violencia de género, fueron denunciados ante la justicia por dos empleadas del ente autárquico.

Las denuncias por acoso, hostigamiento y maltrato laboral salieron a la luz después de un año, cuando las dos mujeres que denunciaron a su compañero de trabajo Horacio Alonso, se encuentran en tratamiento psiquiátrico.

Estas dos personas son Liliana Ibáñez y Sandra Aballay quienes no soportaron más el destrato de este personaje y de sus compañeras/os de trabajo y decidieron recurrir a nuestro compañero de trabajo José Piñeiro de Provincia 23 en primer lugar y Lorena Uribe de Tarde Pero Seguro, luego.

Las cosas que describieron realmente son indignantes, porque en ese destrato, humillación, abuso de poder y hostigamiento son cómplices todos quienes se desempeñan dentro de la estructura de este ente autárquico, desde su presidenta Leticia Hernández, hasta la delegada de ATE María Sepúlveda, quien hoy, después de un año salió a defenderse de lo que viene.
Sepúlveda atino solo a salir del paso en dialogo con Sergio Sarmiento en Radio Provincia de Ushuaia, para señalar que había agotado la vía administrativa y que la que debía resolver era la comisión directiva del gremio; gremio que casualmente ha sido beneficiado con reiteradas entregas de viviendas para sus afiliados. Basta recordar que su Secretario general a nivel provincial fue procesado, por un hecho que aun esta poco claro.

Hasta ahora lo que ocurre dentro del IPV y H era realmente un misterio, pero la gota que rebasó el vaso, fue esta denuncia publica, que también es una denuncia penal por partida doble ya que las dos damnificadas fueron a la justicia, hartas de los abusos a que fueron sometidas, hasta el punto de pensar en quitarse la vida.

La violencia laboral ejercida, por Alonso, el desinterés de la presidenta, la complicidad de compañeros/as de trabajo, todo debe ser puesto bajo la lupa, porque estamos seguros que no son los dos únicos casos, como también que hay más violentos con las mujeres dentro de ese club privado, donde ni siquiera se sabe cuanta gente trabaja, ni que es lo que hacen.

Aquí no se pueden hacer diferencias, ni selección de gente porque todos están dentro del mismo espacio, no más de 500 metros cuadrados de oficinas, vidriadas, y con boxes abiertos, así que nadie puede decir no vi o no escuche nada.

Lo del IPV debe servir para que otras areas tomen conciencia respecto de la aplicación de la Ley 27.499 o Ley Micaela, bastardeada y violada por las autoridades del IPV en todo su articulado.

La ley es un gran avance en la prevención de la violencia contra las mujeres porque estipula la creación del Programa Nacional de Capacitación Institucional para formar a todos los funcionarios de la gestión pública de los tres poderes del Estado

Los funcionarios estarán obligados a formarse y capacitarse en perspectiva de género. Todos deben cursar y aprobar la capacitación y en el caso de incumplimiento se considerará una falta grave que incluirá sanciones y obstaculizará el ascenso a un cargo superior.

Esto no solo es un retroceso institucional considerable, sino que también deja al descubierto la doble vara con que se miden estos actos de cuando se habla de inclusión, derechos humanos, igualdad, etc, etc, estos demuestran que todo es una cortina de humo detrás de la que se esconden hechos aberrantes como estos, que insisto no deben ser los únicos y seguramente en los próximos días vamos a continuar viendo.

Destacable la actitud del coordinador con las fuerzas de seguridad del gobierno de la provincia José Díaz, que pone la policía para proteger a un hombre acusado y denunciado en la justicia por violencia de género y nunca se le ocurrió capacitarse en este tema y otros que tienen que ver con su cargo, el que evidentemente le pesa y mucho o lo que es peor hace como los pingüinos del escudo de la provincia de Tierra del Fuego y mira para otro lado. De hecho, hoy se conoció una denuncia por abuso dentro de la fuerza policial y el funcionario no ha emitido palabra.

En conclusión, esperamos la rápida respuesta de la justicia, el accionar de los funcionarios con poder de decisión para sacar, exonerar o sancionar a quienes han perpetrado estos hechos, empleados y empleadas y comenzar a ordenar, lo que hace mucho se debió haber ordenado. Es insoportable que en estos tiempos haya casi estado de esclavitud y discriminación para seres humanos que solo pretenden trabajar y digo esclavitud por la negación de derechos y la violación de su privacidad y la destrucción de sus vidas. Trabajando sin cobrar, siendo violentadas, maltratadas, y hostigadas hasta enfermarlas. Es absolutamente repudiable desde todo punto de vista y no hay ninguna excusa que justifique este tipo de situaciones, es indignante, vergonzoso.

Por ultimo en su libro “La Raíz de la Corrupción”, el periodista y abogado Hugo Alconada Mon señala que a la corrupción se la elimina de raíz como en Italia con el Mani Pulite, o en Brasil con el Lava Jato, llevando a la justicia, juzgándolos y metiendo presos a todos los involucrados en actos de corrupción, sea cual fuere el grado de la misma y comenzar de nuevo, es hora de terminar con este tipo de cuestiones en pleno siglo XXI, no hay tiempo para distracciones y no hay paciencia para seguir esperando que actúen, la justicia, los gremios, los funcionarios y las fuerzas de seguridad, el tiempo se está agotando.

https://icn.gob.ar/public/publicaciones/ley_Micaela_web/ley-micaela.pdf

 

Armando Cabral

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