“Ya hicimos un año y medio de esfuerzos, honramos políticas salariales, pero el Estado nos da la espalda y si no nos sentamos con el sindicalismo a buscarle una solución a esto de manera consensuada, vamos a tener que empezar a reducir horarios de trabajo, a suspender y a cesantear. De otra manera nos fundimos y todos quedamos en la calle”.
Con estas palabras Alberto Boz, presidente de FAENI, entidad que nuclea a las Estaciones de Servicio de la Provincia de Santa Fe, pintó la situación que están atravesando las expendedoras de todo el país.
Ayer el gobernador santafecino, Omar Perotti, dio precisiones sobre nuevas restricciones (más duras que las anteriores) para frenar la ola de contagios que se está propagando en todo el territorio, donde el sistema de salud está a tope y en varias localidades ya no hay camas de terapia intensiva disponibles. Un escenario que se está dando en distintos puntos del país.
Naturalmente, las medidas impactarán de lleno en la caja de las bocas de expendio. “Si teníamos una caída de venta del 20 por ciento por el cierre nocturno, no imagino lo que va a ser ahora”, lamenta Boz; y remata: “Es el certificado de defunción de las pequeñas y medianas empresas”.
Si bien el dirigente reconoce que el avance del COVID obliga a medidas extremas para su morigeración, señala que, a pesar del año y medio de pérdidas económicas que sufrieron, no están recibiendo ayuda del Estado.
En principio, recuerda, las expendedoras no fueron calificadas como actividad “crítica” para poder percibir el Programa de Recuperación Productiva 2 (REPRO II).
Tras quejas de varios sectores que también fueron discriminados, el Gobierno lanzó un segmento para actividades “no críticas”. Pero las Estaciones de Servicio volvieron a ser excluidas. “Están ajustando mal y por ese error nos dejan afuera”, se queja Boz.
Explica que para percibir la ayuda estatal (de hasta 9.000 pesos por empleado -para los no críticos-) tendrían que estar vendiendo menos en abril de este año respecto al mismo mes del 2019 ajustando a la inflación de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que es del 69 por ciento.
Pero en ese plazo –asegura el dirigente santafecino- los combustibles aumentaron el 118 por ciento. “Es la mitad de lo que realmente cayó, nos están ajustando mal”, argumenta y concluye: “Tenemos que estar vendiendo menos de un 50 por ciento para que podamos calificar”.
Indica que el ajuste debería ser por caída en venta de litros o por la inflación que hubo en los combustibles, en lugar del IPC. “Quedamos todos afuera de los planes por ineptitud en las mediciones”, dispara Boz.
VACUNAS
En ese marco, el titular de FAENI exige que los empleados de las Estaciones de Servicio sean vacunados, sobre todo teniendo en cuenta que están llegando cada vez más dosis y que ya se está bajando el umbral etario para recibir las inoculaciones. “Un empleado nuestro en su turno atiende más de 400 personas; está en contacto con muchísima gente”, argumenta.
“Que vacunen a una persona con tantos contactos como los expendedores es importante para toda la sociedad, porque es una persona que cumple una actividad esencial, que se puede contagiar y que puede ser un foco de contagio para el resto de los argentinos”, razona Boz.
Explica que desde la confederación nacional, CECHA, enviaron cartas a funcionarios federales para que se atienda el tema. Pero ellos indicaron que son las provincias las que están gestionando las listas de vacunación. Entonces se dirigieron a autoridades jurisdiccionales pero, asegura Boz, aún no han tenido respuestas.
“Es muy lamentable todo lo que está pasando en nuestro sector. Si esto sigue así no nos queda otra que empezar a despedir gente”, cierra el dirigente de FAENI.
