Un proyecto de ley firmado por cinco senadoras oficialistas propone un “control de convencionalidad” para las prisiones preventivas, que establece su anulación cuando un imputado en causas de corrupción se crea comprendido en una serie de supuestos, entre los cuales está la difusión en los medios de las acusaciones en su contra.
Según publicó el diario Clarín, las autoras de la polémica iniciativa son las senadoras kirchnerista María Eugenia Catalfamo, Ana María Ianni, Nancy González, Ana Claudia Almirón y María Pilatti Vergara. Salvo la puntana Catalfamo, las otras cuatro integraban el bloque cristinista antes de la unificación con el PJ.
El texto advierte que “será declarada nula toda resolución judicial que ordene la detención o prisión preventiva” de las personas que no hayan estado sujetas al control del cumplimiento de los estándares establecidos por la Convención Interamericana de los Derechos Humanos.
Entre las razones que convertirían en nulas las prisiones preventivas figuran:
- “La publicación de contenidos por parte de uno o más medios de comunicación masiva que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado por la resolución”.
- Si existió una “deficiente implementación de las garantías procesales que regulan la intervención de un testigo protegido o de un arrepentido”.
- Ante sospechas sobre “deficiencias en el respeto a las garantías del juez natural por razones intromisión en la asignación de competencias, de designaciones o direccionamiento en los sorteos de jueces”.
- La “intromisión de funcionarios del Poder Ejecutivo en el desarrollo de las actuaciones”, o cuando esos funcionarios “ejercieran conductas o dieran expresiones en público aptas para afectar la independencia de los jueces o la autonomía de los fiscales”.
- La “intromisión de representantes de corporaciones profesionales en el desarrollo de las actuaciones o cuando ejercieran actos o dieran expresiones aptas para afectar” esa independencia.
- Los acusados por corrupción también podrían reclamar por “la inobservancia de las normas procesales con fines de persecución política”
El proyecto determina que toda detención de un sospechoso por corrupción podrá anularse ante la invocación de estos factores, muy difíciles de medir. Y da sólo 72 horas para que opinen el fiscal y las querellas, y otras 24 horas para resolver.
La iniciativa también niega la posibilidad de apelar las resoluciones que hagan lugar a las nulidades de las preventivas. En cambio, si el juez rechaza los pedidos de los acusados, esa resolución sí podrá ser apelada, y deberá resolverse con la velocidad de un habeas corpus.
Según trascendió, en el interbloque oficialista no se habló hasta ahora de la iniciativa y tampoco hay alguna orden para tratarla en el recinto.
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