Sin embargo, en las ultimas horas y por iniciativa del presidente del Superior Tribunal de Justicia Gonzalo Sagastume, esos pedidos de inconstitucionalidad fueron rechazados por lo que los descuentos y el destino de todos esos fondos seguirá sin saberse donde fueron a parar.
No es la primera vez que el STJ falla a favor de los gobiernos de turno y en contra de la sociedad fueguina, y esta no es la excepción. Cabe señalar en este sentido que las utilidades de la Caja de Previsión, unos 3000 millones de pesos fueron a parar al Banco de Tierra del Fuego, pero a eso hay que sumarle, los descuentos que se les realizaron a los trabajadores estatales, los jubilados que percibían más de 52 mil pesos, 15 % a los funcionarios que cobraban más que la gobernadora y el aporte voluntario descontado a todos los empleados de la administración pública.
EL Superior Tribunal de Justicia era el último paso y la última esperanza para terminar con esta inequidad, pero por la decisión tomada está claro que todo seguirá como estaba es decir, el estado seguirá metiendo la mano en el bolsillo a todos los fueguinos.
El trasfondo de esta situación es lo que hemos denunciado aquí en un amplio informe publicado en 4 ediciones, poniendo sobre la mesa no solo el endeudamiento de la provincia, sino también todas las imposibilidades a que se enfrentaría el gobernador electo Gustavo Melella quien debería devolver todo ese dinero en caso de haberse aceptado que la ley es inconstitucional pero no hay fondos para llevar a cabo esa acción, porque el gobierno electo deberá hacerse cargo de pagar 33 cuotas de 9 millones de dólares para devolver los fondos del Bono por el cual la provincia quedó endeudada hasta el 2027. Esta deuda tampoco puede ser condonada por el gobierno nacional, como lo plantea el propio Alberto Fernández, ya que la misma fue tomada con un organismo internacional.
La conclusión es que no habrá ningún cambio en este sentido y todos los ciudadanos de esta provincia que debieron aportar de sus bolsillos estos fondos, al menos por los próximos años no tendrán ninguna devolución de los mismos y lo que es peor si la ley sigue en vigencia se les seguirá metiendo la mano en el bolsillo.
