Los nombramientos en gobierno no son una novedad para este medio, lo venimos diciendo desde hace al menos 8 meses, cuando dijimos por primera vez que había al menos 690 ingresos a planta permanente, pero la legisladora Urquiza dijo que al menos 9 fueron a parar al Ministerio de Salud y ninguno de ellos es médico.
Algo similar ocurrió en vialidad o la dirección de cultura, donde siempre se veían cara nuevas, en algunos es tanta la gente que permanecen parados en las oficinas porque no tienen donde sentarse, sostuvo la vicegobernadora.
Andrea Freites fue una de las integrantes del bloque de legisladores del FPV que la semana pasada solicitó públicamente que se entregue la información que vienen reclamando ya que los funcionarios se niegan sistemáticamente a asistir a las reuniones de comisión, pero aun así nadie se presentó, y ahora están solicitando que los mencionados se hagan presentes para dar explicaciones sobre nombramientos, gastos, firma de convenios con entidades y/o asociaciones privadas, endeudamiento, nombramientos y obras que se adjudicaron luego de perder la elecciones y comprometen seriamente a la próxima gestión.
Gustavo Melella planteo también la semana pasada la necesidad de una auditoría externa que analice lo actuado por la administración Bertone. En tal sentido, sostuvo que “los funcionarios que ingresen tienen que funcionar y avanzar, pero necesitamos que se revise y que esté a cargo de alguien externo para que sea lo más claro posible”.
Urquiza dejó claro que “hemos acordado quitarle el tratamiento de urgencia a la modificación de la Ley de Creación del Laboratorio del Fin del Mundo. Está acordado con todos los legisladores y va a ser girado a comisión. Se decidió citar al presidente del Laboratorio”.
Recordemos que este fue otro escándalo cuando se conoció que el presidente del LDFM es inamovible por 5 años y su sueldo alcanza los 200 mil pesos, también resta aclarar un faltante de 24 millones de pesos de gastos reservados del ex Secretario de Seguridad, Exequiel Murray, 20 millones de pesos entregados a la Municipalidad de Tolhuín y que no serían devueltos, más los 1700 millones de pesos destinados al denominado Corredor del Beagle por el cual la formula electa decidió interponer un recurso de amparo para detenerla hasta tanto se realicen los estudios pertinentes. Finalmente está pendiente la retención de unos 300 millones al municipio de Rio Grande y una suma por el doble de ese valor facilitada al municipio de Ushuaia, lo que habla de una inequidad notable a la hora de hablar de la distribución de la coparticipación que está dispuesta por ley y es una obligación indelegable del estado provincial.
