Se trata del vuelo semanal que tiene previsto comenzar a operar el próximo miércoles 20 desde San Pablo, Brasil, utilizando el espacio aéreo de nuestro país, con escala semanal en el aeropuerto internacional de la ciudad de Córdoba, autorizado por el presidente Macri mediante Decreto 602/2019.
Para el fiscal Jorge Di Lello, los funcionarios denunciados deben ser investigados por su participación en negociaciones con el Reino Unido que perjudicarían la soberanía nacional.
Di Lello sostuvo que «existe una obligación institucional por parte de esta fiscalía, ante el posible menoscabo de la soberanía nacional, de adoptar medidas urgentes a los fines de preservar al Estado argentino de posibles daños económicos graves a los que estaría expuesto en relación con el derecho internacional».
«Así corresponde que VS evalúe ordenar la suspensión del primer vuelo de la compañía LATAM a las Islas Malvinas, el que está autorizado por elDecreto 602/19, ya que el peligro en la demora provocaría consecuencias irreversibles respecto a derechos adquiridos en el ordenamiento jurídico internacional», dice el dictamen presentado al juez Luis Rodríguez.
Para el fiscal, el Poder Ejecutivo «no puede seguir avanzando en la ejecución de acuerdos con el Reino Unido de Gran Bretaña que no cuenten con la aprobación del Congreso y los que ya efectuara deberán ser sujetos a investigación».
La denuncia apunta al Decreto 602/2019 que permite vuelos desde el continente, vía Brasil a las Islas Malvinas en aviones de gran porte de Latam “violando la soberanía del espacio aéreo” ya que se avalaría el transporte de material y personas a las islas “sin mínimo control y conocimiento de la Argentina”, y beneficiando a Gran Bretaña.
La denuncia por “traición a la Patria” de Carreras
Según dice el dictamen, el Poder Ejecutivo habría dictado ese decreto sin efectuar el trámite de aprobación requerido por la Constitución Nacional, respecto al Congreso de la Nación.
En su denuncia por “traición a la Patria” formulada por la abogada Valeria Carreras, esta había manifestado que, si se declarara la inconstitucionalidad de ese decreto, “la empresa LATAM podría reclamar los daños y perjuicios por verse privados de los derechos que les fueron otorgados por vía del decreto mencionado, siendo prueba de ello, el primer vuelo que perfeccionaría el convenio bilateral”.
A partir de ese acuerdo, se avanzó –según remarca el dictamen- en tres cuestiones: licitaciones y adjudicaciones de Áreas del Atlántico Sur a empresas británicas; el Decreto 602 referido a vuelos a Malvinas y por otro lado a las concesiones de permisos de pesca y explotación del territorio marítimo de la zona del Atlántico Sur.
FUENTE: minutouno.com
