En los fundamentos, Bertone refiere a la presencia en Tierra del Fuego del “encumbrado constitucionalista Eduardo Barcesat” que ha sostenido en varias oportunidades, “la necesidad de que las provincias sancionen leyes de protección de sus recursos naturales frente a la posibilidad de que éstos se constituyan en garantía de operaciones de crédito público que realice el Estado nacional”.
Con esta iniciativa, Bertone pretende “proteger el federalismo frente a un posible atropello de las autonomías provinciales por parte del Estado nacional” y organismos internacionales de crédito. En el espíritu de la norma, la titular del Poder Ejecutivo fueguino desea “contar con una herramienta más, que explícitamente reafirme aquello que le corresponde a la Provincia por manda constitucional y legal, y que prevenga, mediante un pronunciamiento claro, a quienes pretendan contribuir al saqueo de nuestros recursos naturales con el objeto de pagar una deuda que en nada ha beneficiado al pueblo argentino”.
