Río Grande.- Tras las elecciones del pasado domingo 16 de junio, y conocidos los datos oficiales, lo que ocurrió en la madrugada del lunes siguiente, el principal reclamo plasmado en los medios de comunicación y también a través de las redes sociales, fue la demora en dar a conocer el escrutinio definitivo y carga de datos oficiales.
Debido a que ésta queja era notoria y de público conocimiento, el Superior Tribunal de Justicia inició una investigación sumaria, mediante la Acordada 52, rubricada por los ministros de la corte provincial, doctores Gonzalo Sagastume y Darío Muchnik, quienes señalaron que observan “con preocupación institucional la circunstancia ocurrida en el último acto comicial con relación a la demora acontecida al momento de suministrar los datos correspondientes a los resultados”.
Dan cuenta de la expectativa social y que “no solo la transparencia del método sino su rapidez resultan valores que fortalecen el sistema democrático”.
Exhortan a la Justicia Electoral y sus funcionarios responsables a que adopten los recaudos para un acto “en un contexto de armonía, transparencia y absoluta razonabilidad para la carga de datos”.
La Acordada dispone la apertura inmediata de una investigación sumaría a efectos de elaborar un detallado informe de lo sucedido que será elevado en un plazo de 10 días.
La respuesta del juez Aramburú
Por su parte, el Juez Electoral Isidoro Aramburú, emitió un escrito dirigido a la Doctora María del Carmen Battaini, Presidenta del Superior Tribunal de Justicia, en el cual expone que, aunque queda a entera disposición de la investigación que estimen realizar, igualmente y en su “humilde opinión” la responsabilidad en la demora de la carga de datos y recuento final, no recaería sobre su juzgado, sino sobre la Dirección de Informática, a cargo del Ingeniero José María Ledezama, quien además reviste la jerarquía de Juez y que además, no se encuentra a cargo del Juzgado Electoral, sino que depende directamente del Superior Tribunal de Justicia.
