Los dirigentes gremiales, Horacio Catena, CTA y Moisés Solorza, Petroleros Jerárquicos, dejaron entrever su preocupación por la situación económica de la provincia y el blindaje que se ha generado en rededor de la información que según ellos se desvía en temas como la Municipalización de la margen Sur o el Impuesto Inmobiliario, mientras desde Nación, llegan noticias que no son nada alentadoras para los trabajadores.
Cuando solo tres provincias han puesto en discusión las paritarias con un techo del 15% y sin cláusula gatillo, es decir sin que se actualicen las recomposiciones automáticamente, el diario La nación publicó hoy que Tierra del Fuego es una de las que está en rojo y que no habría aumentos salariales para el 2018.
Esto según los dirigentes significa una pérdida del poder adquisitivo de más del 60% en un periodo de dos años y medio.
Si tenemos en cuenta que la pauta inflacionaria del gobierno nacional no se cumplió y supera el 15 % previsto por el gobierno nacional, ninguna provincia estaría dispuesta a dar más aumento que eso y se podrían generar situaciones complicadas, mas aun cuando no se cuenta con ninguna información en la provincia, sobre ingresos o gastos, ya que el Ministro de Economía no ha hecho declaraciones desde hace más de 18 meses.
Para los docentes aun no hubo convocatoria a la mesa de paritarias y es un hecho que irá al paro el próximo 5 de marzo cuando deben comenzar las clases, mientras que los petroleros jerárquicos evalúan los pasos a seguir, en medio de un gran silencio por parte de otras organizaciones gremiales, e incluso otras que justifican el ajuste, o los aumentos por decreto, cuando la canasta familiar ha superado en casi el doble a un sueldo inicial o categoría 10 en toda la provincia.
Versión oficial
La versión oficial señala que la pauta salarial en la provincia está atada al cumplimiento del pacto de responsabilidad fiscal y según dichos de la gobernadora Rosana Bertone, si habrá aumentos salariales pero no sobre la pauta impuesta por el gobierno nacional, puede ocurrir que la provincia recurra a endeudamiento como ya lo ha hecho, pero antes debe pasar por la legislatura provincial. Así lo establece el presupuesto provincial aprobado en octubre del año pasado.