A pesar de que el nivel de endeudamiento de la Argentina se encuentra en torno a los promedios de la región, el país posee un bajo nivel de endeudamiento externo. Por caso, el nivel actual de Deuda/PBI de la Argentina es de 54,9%, mientras que sus obligaciones en manos de Privados y Organismos Multilaterales y Bilaterales en moneda extranjera representan solamente el 13,7% del PBI, según el último dato publicado por el MECON.
Acceder nuevamente al crédito externo permitiría suavizar el ajuste, imprimiendo gradualismo al plano fiscal. Además, posibilita acotar la asistencia del BCRA al Tesoro Nacional, reduciendo las presiones inflacionarias que genera la emisión (sustituyendo una forma de financiamiento espuria por otra más genuina).
De hecho, salvo el recorte de subsidios a la luz y una leve reducción del empleo público, las primeras medidas del nuevo gobierno expandieron aún más el abultado rojo fiscal. Entre ellas, destacan: la eliminación de los derechos de exportación a los productos agropecuarios, mineros, e industriales (con excepción de la soja, cuya retención fue reducida un 5%), la reforma del impuesto a las ganancias, la prórroga del subsidio a las petroleras, el nuevo subsidio a los tambos, la ampliación de recursos destinados al FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente) y las negociaciones para devolver el 15% de la masa coparticipable a las provincias.
El déficit fiscal se amplía por las primeras medidas de gobierno
Las promesas electorales de los candidatos presidenciales suelen caracterizarse por ser medidas populares que poseen, ex-ante, un amplio apoyo de la sociedad. Pero, por lo general, estas políticas públicas suelen tener un costo fiscal asociado, ya sea reduciendo los ingresos o aumentando las erogaciones.
Por caso, la primera medida del gobierno de Mauricio Macri consistió en la eliminación del impuesto a las exportaciones de productos agropecuarios (excluyendo a la soja, cuya alícuota fue reducida en 5 p.p.), lo que se tradujo en una pérdida de ingresos por $ 32.600 millones. Asimismo, la eliminación total de retenciones a las exportaciones industriales implicó una baja adicional de recursos estimada en $ 10.400 millones. Por último, si se suma la eliminación de los derechos de exportación a la minería por $ 3.400 millones, el fisco deja de percibir $ 46.400 millones en concepto de retenciones.
En segundo lugar, la modificación del Impuesto a las Ganancias (apurada por la inflación), que elevó las deducciones a la cuarta categoría y derogó el criterio arbitrario de la AFIP que eximía del pago del impuesto a aquellos que hubieran ganado menos de $ 15.000 entre enero y agosto de 2013, redundó en un impacto estimado de $ 26.500 millones para la Nación. Cabe mencionar que dado que dicho tributo es coparticipable, la reducción de los recursos se duplica a $ 50.300 millones si se tiene en cuenta el impacto a las arcas provinciales. Además, para morigerar el impacto social de la devaluación, se ampliaron las Asignaciones Familiares, elevando el tope del ingreso familiar total a $ 60.000, cuyo costo fiscal se estima en $ 14.600 millones adicionales.
Por otro lado, el reclamo de los gobernadores para la devolución del 15% de la masa de impuestos coparticipables que la Nación le descuenta a las provincias para financiar a la ANSES desde 1992 también tendrá su correlato en las cuentas públicas. El fallo de la Corte Suprema de Justicia a fines del año pasado a favor de Santa Fe, San Luis y Córdoba obligó al nuevo gobierno a sentarse a dialogar con las provincias (extendiéndose esta negociación a los 24 distritos) para alcanzar un nuevo Pacto Federal Fiscal, estableciendo la forma en la cual se devolverá la detracción de fondos.
Según fuentes involucradas en las negociaciones, la devolución comenzaría a realizarse este año, devolviendo un 3% en efectivo y un 3% adicional optativo en algún instrumento financiero, lo cual significaría en un impacto fiscal de $ 30.000 millones. De todas formas, dicho impacto podría ser compensado mediante el recorte de las transferencias no automáticas a las provincias, que en 2015 superaron los $ 80.000 millones.
Por el lado de los gastos, la extensión de los subsidios a las provincias petroleras, asegurando un precio sostén de U$S 67,8 por barril en un contexto de precios internacionales bajos del crudo, implican un desembolso estimado en $ 86.600 millones para 2016, mientras que en 2015 los mismos ascendieron a $ 29.300 millones, dados los mayores precios del “oro negro” y el menor tipo de cambio vigente. Por lo tanto, para el año corriente se estiman erogaciones adicionales por $ 57.300 millones respecto al año anterior. Del mismo modo, las provincias mineras recibieron incentivos mediante la eliminación de las retenciones a dicho sector, con el mencionado impacto en las cuentas públicas por $ 3.400 millones.
Otro sector que comenzó a recibir incentivos por parte del nuevo gobierno es el lechero. Dada la situación crítica del sector, Macri anunció un subsidio de $ 0,4 por litro de leche hasta los 3.000 litros para la producción del último trimestre del año anterior (octubre, noviembre y diciembre). De tal forma, este beneficio sectorial implicaría gastos adicionales estimados en $ 420 millones. Sin embargo, la probable extensión anual de esta ayuda tendría un costo total de $ 2.100 millones, poniendo mayor presión sobre las arcas públicas.
Por último, en un contexto de negociación salarial con los gremios docentes por el inicio de clases, el gobierno nacional comprometió $ 10.000 millones a las provincias a través del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) para el cierre de paritarias.
A pesar de todas las medidas enunciadas anteriormente, cuyo impacto fiscal es negativo, cabe destacar que Macri también tomó una medida que alivió parcialmente las cuentas públicas: la quita de subsidios a la luz. De esta forma, se estima el gobierno se ahorrará U$S 4.000 millones en 2016 ($ 61.100 millones).
En síntesis, teniendo en cuenta la serie de medidas enunciadas anteriormente, al rojo fiscal se le agrega un impacto adicional de $ 95.800 millones (1,7% del PBI) durante 2016. Este shock hace que, pese a la quita de subsidios a la electricidad, se necesite un mayor ajuste para reducir el déficit. De esta manera, las necesidades de financiamiento, que en 2015 representaban un 5,6% del producto, este año alcanzarían un 6,4% del PBI.
La resolución del problema con los holdouts, piedra angular de la estrategia oficial
Pese al complejo punto de partida, el frente fiscal no fue la variable de ajuste del gobierno, dados los múltiples frentes que priorizó atender (político, cambiario, sectoriales).
Por lo tanto, el crédito externo será clave en el plan oficial para financiar el abultado rojo en las cuentas públicas durante 2016, reduciendo la asistencia del BCRA al Tesoro.
Además de las medidas destacadas, existen otras que todavía no fueron anunciadas pero que también prometen agregar combustible al rojo en las cuentas públicas: la devolución del IVA para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y jubilados que cobran el haber mínimo, y la reforma de las escalas del Impuesto a las Ganancias.
Sin embargo, también se esperan quitas de subsidios al gas, al agua y al transporte público en los próximos meses que podrían compensar el impacto de tales medidas.
Por ende, la estrategia oficial no consiste en reducir el déficit de las cuentas públicas nacionales durante este año, sino resolver el escollo con los holdouts lo antes posible para cubrir la brecha con endeudamiento. Esto tendría externalidades positivas para las provincias, municipios (cuya situación fiscal tampoco es alentadora) y empresas. De todas maneras, en el mediano plazo, se deberá cerrar el bache fiscal, ya que los mercados de capitales no financian déficits elevados y persistentes.
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