Por su parte, la gobernadora logró que se vote en la legislatura provincial una reforma tributaria con una nueva redistribución de los ingresos por coparticipación entre los municipios y la provincia. Esto implica mayores ingresos, que le permitirían invertir más dinero en aquellos sectores fundamentales para la sociedad: Educación y Salud. Como dijo la misma gobernadora, “se van a destinar al funcionamiento del Estado”.
Pero detrás de este “paraíso isleño”, con recursos, con manufacturas y artículos con la estampilla con la bandera fueguina (LCDs, equipos de aire acondicionado, celulares, Notebooks, Tablets, etc.), con el arribo de cruceros a Ushuaia, deportes invernales con alcance internacional, exportación de petróleo, provisión de gas al resto del país, etc., nos encontramos con la otra cara de la moneda: este modelo esconde las más grandes desigualdades sociales; la opulencia y la pobreza al extremo.
Si bien es real que los salarios de los trabajadores de la industria son relativamente altos en comparación con el resto del país, también es cierto que la mayoría de los trabajadores no tienen estabilidad laboral; se encuentran en una situación precaria, bajo un régimen de “contratos chatarra”.
El acceso a la tierra es sólo para los integrantes de un sector social privilegiado, y como producto de alquileres a costos inalcanzables, grandes sectores de la población no tienen acceso a la vivienda, recurriendo a la ocupación de tierras y a la construcción de viviendas precarias y sin los servicios básicos, lo que genera mayor vulnerabilidad y riesgo de incendios en los duros inviernos.
Los servicios fundamentales están en franco deterioro. El Hospital Público de Río Grande no tiene insumos ni suficientes profesionales, lo que se traduce en un avance de la salud privada, agudizando aún más la vulnerabilidad de aquellos sectores que se empobrecen día a día.
Otro tanto ocurre con la Educación Pública. Mientras los edificios escolares resultan insuficientes y carentes del más elemental mantenimiento (escuelas sin finalización de obra, otras con defectos permanentes en el sistema de calefacción, con sobrepoblación de alumnos en las aulas, sin sistemas de seguridad, con la presencia de roedores, en condiciones indignas para enseñar y aprender), los docentes soportan desde la asunción de Ríos (en Diciembre de 2007) el deterioro de su poder adquisitivo salarial comparativamente al costo de vida de la provincia y a los salarios del resto de los docentes del país.
En 2013, el “progresista” gobierno de Fabiana Ríos fue el único del país que no acordó ni otorgó un aumento salarial a sus docentes, incluso desestimando cualquier discusión en la mesa de paritarias. Un docente con hasta 3 años de antigüedad debe vivir con $ 4.630 por cargo, mientras el costo de la Canasta Familiar Básica en Tierra del Fuego es mayor a los $10.000, y el sueldo de la Gobernadora es más de 10 veces superior al de un Maestro.
Los ingresos provinciales no se reflejan ni en los salarios de los trabajadores estatales ni mucho menos en infraestructura, existiendo un gran distanciamiento del gobierno “socialista” con el resto de la sociedad. Mientras los trabajadores sufren la escalada inflacionaria más alta del país (mayor al 25%), la clase política aumenta drásticamente sus dietas sin siquiera ruborizarse.
La pregunta del millón sería: ¿Dónde van a parar los abultados recursos económicos que dispone la provincia? Tal vez la respuesta sea “a un pozo negro”, que sólo sostiene el modelo industrial y al sector político privilegiado. Tierra del Fuego es una provincia con abundancia de recursos, pero con grandes contrastes sociales.
Tierra del Fuego: Una provincia donde la INJUSTICIA SOCIAL está a la orden del día y FABIANA RÍOS ES LA ARQUITECTA DE ESTE MODELO
SUTEF – Seccional Río Grande
