“Juntamente con las Comisiones Barriales logramos en 2011 sendas leyes de expropiaciones las cuales reconocen la situación consolidada en el sector, tanto a nivel productivo en agricultura familiar, como a nivel habitacional, y brindan herramientas para la regularización dominial, la urbanización y la infraestructura necesaria” recordó el Senador fueguino, cuando entonces era Legislador provincial.
“Sin embargo –agregó- al día de hoy todavía ni las chacras ni las viviendas cuentan con plano de subdivisión, mensura y deslinde; ni boletos de compraventa que les permita pagar a cada familia su parcela; ni mucho menos título de propiedad que les posibilite acceder al crédito para mejorar casas o viveros”, destacando que incluso “siguen habiendo denuncias y reclamos de gente que afirma haber comprado y pagado con papeles irregulares o insuficientes encontrándose luego sin la tierra y sin el dinero; de parcelas reservadas pero no utilizadas; de disputas entre ocupantes; de referentes vecinales que venderían el derecho a ocupar lotes; de extorsión de punteros políticos, etc.”.
El Senador Lopez expresó que «sólo podría ponerse término a estas anomalías si se aplicaran las leyes y se concretaran las regularizaciones. De lo contrario el problema que las leyes trataron de resolver no sólo que va a persistir sino que se agrava porque la demanda de tierra sigue creciendo y deviene cada vez más compleja ante un Estado que no acierta en ponerse al frente del asunto ni aprovecha las herramientas de que dispone para torcer el rumbo de esta historia”.
El parlamentario nacional se esperanzó en que las autoridades provinciales y municipales cumplan las leyes “tanto en interés de la calidad de vida y de las condiciones de producción de las familias asentadas en el sector, como para empezar a ponerle cotos a todo tipo de maniobras de abuso, especulación o fraude que pueda seguir dificultando el proceso que nuestro pueblo tanto necesita ordenar”. Inclusive en un año electoral como el que transitamos “no se puede descartar que el desorden quiera ser aprovechado por operadores políticos con fines diferentes al interés social, difamatorios y de todo tipo” concluyó.
