Las frías estadísticas señalan que en lo que va de 2013 se ha incrementado sensiblemente el número de asesinatos en todo el territorio de la provincia de Córdoba, respecto de igual período del año anterior.
El accionar de patotas, disputas a punta de pistola entre pandillas, ajustes de cuentas vinculados con el narcotráfico o la simple venganza de una muerte con otra muerte, dan cuenta de un agravamiento de la violencia urbana.
Lo que estremece en este escenario de marginalidad es que caen también víctimas inocentes, como ocurrió con una nena que quedó en medio del fuego cruzado entre grupos que disputaban sus diferencias a balazos en barrio Villa Urquiza de la Capital provincial. Resulta aterrador, además, que estas riñas tengan muchas veces como protagonistas armados a menores de edad que ni siquiera han accedido a la escolaridad.
El panorama no es para nada alentador. El breve período transcurrido del presente año suma ya 30 homicidios en toda la provincia. Se observa un incremento estadístico alarmante si se toma en cuenta que durante igual período de 2012 se habían registrado 16 hechos de esa naturaleza en Córdoba.
Con todo, desde la perspectiva del delito no hay espacio para ponderar si hubo menos o más hechos consumados entre un año y otro o descansar en que hay jurisdicciones, como Rosario, con más muertes por violencia urbana.
Hay múltiples factores que colaboran para que esta ola criminal se agigante. Pero ha llegado la hora de que el Estado y la población en general asuman que la sociedad –no sólo la cordobesa– presenta graves fisuras sociales que deben ser cubiertas con contención, acceso a la educación, a un trabajo digno y al sustento básico diario.
Sin embargo, más allá de una cultura solidaria en franco retroceso, dirigentes políticos y sociales ponen el acento en que estos episodios delictivos son consecuencia directa de la inacabable guerra del narcotráfico, una cuestión no resuelta por las autoridades competentes y que, en el caso de Córdoba, muestra signos de permanente actividad en zonas marginales.
La Policía y la Justicia, tanto provincial cuanto del ámbito federal, deben coordinar y profundizar las acciones dirigidas a atacar esta problemática de alta complejidad, que se extiende también a pueblos y ciudades del interior.
La prevención y la contención de los sectores con alta marginalidad social podrán disminuir las amargas estadísticas de muertes evitables.
Si bien en las grandes urbes el delito y la violencia se manifiestan de distintas formas, el Estado debe garantizar que no haya más muertes por una reyerta armada entre ciudadanos o por al accionar de una patota. Se trata de encontrar las herramientas legales para poner coto a las acciones que atentan contra la seguridad pública y la vida de personas indefensas.
Fuente:lavoz.com.ar
