Quizá porque hace tiempo dejaron de ser cuestiones estrictamente económicas para convertirse en objeto de discusiones políticas, los anuncios presidenciales de esta semana referidos a jubilaciones y, en particular, al Impuesto a las Ganancias merecen ser analizados con cuidado. Tanto por lo que implican para la sociedad como porque la impericia oficial convirtió a las cuestiones involucradas en una suerte de campo de batalla.
Actualizar jubilaciones y mínimos no imponibles debería ser, en efecto, una cuestión rutinaria en un marco de estricta normalidad, si ello pudiera plantearse en estas latitudes donde lo extraordinario es la norma y todo anuncio económico queda ligado a una preocupación central de la sociedad, como lo es la inflación.
Es la misma política comunicacional del Gobierno –la insistencia en presentar cada anuncio como una epopeya y cada logro como una victoria sobre un enemigo imaginario– lo que obliga a contraponer a los discursos con los datos.
No se trata, por cierto, de poner en cuestión la necesidad de afrontar temas largamente pendientes, tales como los anuncios de marras intentan, sino de mensurar sus reales alcances para comprender la magnitud de las deudas adquiridas y cuánto, en suma, ayudan a saldarlas las medidas comunicadas por Cristina Fernández. Y, si se trata de mencionar pasivos, el referido a nuestros jubilados alcanza dimensiones de bochorno.
Al fin y al cabo, el ajuste de las jubilaciones mínimas no implica sino el cumplimiento estricto de una obligación bianual impuesta por ley. Pero, a poco que se piense en una cifra apenas superior a los 2. l00 pesos mensuales para una mayoría de pasivos, se caerá en la cuenta de lo irrisoria que resulta. Si los ajustes hubieran acompañado la inflación real de los últimos tres años, la jubilación mínima duplicaría a la actual. Es que todo ajuste que se aplique sobre casi nada deviene intrascendente.
Y la suba de los mínimos no imponibles del Impuesto a las Ganancias, campo de batalla merecedor de mejores contendientes y logros más contundentes, no parece escapar a las generalidades de la ley: el beneficio de solteros y casados será efímero una vez que las paritarias modifiquen los nuevos valores y pongan a unos y otros al alcance de un fisco singularmente voraz.
De poco sirve retocar los mínimos no imponibles si no se modifican las alícuotas, cuestión en la que los tributaristas vienen insistiendo a partir de un dato histórico: el actual sistema no es sino la misma tablita pergeñada en horas desesperadas por José Luis Machinea hace 12 años.
Lo que surge de todo esto es demasiado preocupante para soslayarlo: que en un proceso de sustitución sin precedentes, la formulación de políticas ha sido reemplazada por una política comunicacional. Y esta no debe ser sustituto de aquella.
fuente:lavoz.com
