Cabe señalar que los legisladores de la oposición se quejaron en reiteradas oportunidades de la falta de información respecto de esta renegociacion, se perdió un año, sin que se pudiera acceder a ella y hasta se presento un acuerdo de confidencialidad con las empresas que evitaba acceder a esa información.
Esto generó un notorio malestar entre los trabajadores del petroleo y en particular en el gremio que los nuclea que de ahora en mas podria buscar un dialogo con autoridades nacionales ya que tanto legisladores como gobierno estuvieron un año haciéndole perder ingresos vitales a la provincia en concepto de regalías.
Fuentes cercanas al sector señalaron que aquí se puede ver una vez mas la mano de la diputada nacional Rosana Bertone, quien no es la primera vez que juega en contra de los intereses de la provincia, ya no de la gobernadora que manejo mal esta renegociacion desde el comienzo.
Ya en los primeros párrafos del dictamen, el Fiscal de Estado señala que “se advierten, por un lado, notorios déficit informativos que dificultan el análisis de razonabilidad de las estipulaciones pactadas y, por otro, deficiencias legales que podrían afectar la validez de los compromisos que se pretenden asumir”.
Luego el funcionario hace hincapié en los acuerdos suscriptos, pero no sin antes señalar que de los encuentros entre el Gobierno y las empresas “no obra en las actuaciones ninguna constancia y/o acta que dé cuenta de su celebración”. Los acuerdos analizados por Martínez de Sucre son dos: el acuerdo de prórroga del área CA-13 “Las Violetas” y el acuerdo de prórroga para las áreas CA-12 “Río Cullen” y CA-14 “Angostura”.
En ambos casos, el Fiscal emite sus reparos al marcar que hay un marcado “incumplimiento” de la Ley de Hidrocarburos ya que no hay un exhaustivo análisis sobre “cuáles fueron las acciones llevadas a cabo por el concesionario desde el momento del otorgamiento del contrato hasta la actualidad, a fin de verificar si éste ha dado bien cumplimiento a las obligaciones emergentes de la concesión”. En este sentido, el dictamen sostiene que la ausencia de esta información “se constituye en un obstáculo legal al otorgamiento de la prórroga”.
En otra parte del documento se deja en evidencia que, en relación al compromiso de inversiones en exploración, “no se verifica” que las sumas de dinero “efectivamente permitirán aumentar el horizonte de reservas y cumplir con las pautas de utilización del recurso previstas en nuestra Constitución”.
Siguiendo con sus “reparos”, el Fiscal marca un fragmento de lo convenido, donde se estipula extender por cuatro años más los contratos, luego de la finalización de la prórroga de diez años, si se comprueba el cumplimiento del contrato. Martínez de Sucre entiende que tal acto sería absolutamente ilegal, ya que la Ley de Hidrocarburos impone textualmente que “las concesiones podrán ser prorrogadas por el Poder Ejecutivo hasta por diez años”. Es decir que el máximo prorrogable es de una década y luego deberían recuperarse a poder del Estado. En cambio, la administración Ríos supone que puede otorgar otros cuatro años, finalizada la extensión. “No puedo omitir puntualizar las severas consecuencias que se derivarían de una contratación no ajustada a la ley”, sostiene el funcionario.
Un dato llamativo, marcado por el Fiscal, es que en el caso del área CA-14 “Angostura” no se logra demostrar si el concesionario efectivamente recibió alguna vez los permisos necesarios para llevar a cabo dicha exploración en un primer momento. “Debo advertir aquí la ausencia de una descripción, con indicación de los instrumentos respaldatorios pertinentes, de las cesiones que se operaron en relación al permiso correspondiente a la misma”, manifiesta el escrito.
Además queda en evidencia que el Tribunal de Cuentas nunca tomó intervención en el largo proceso de conversaciones que tuvo el Ejecutivo, a través de su comisión negociadora, con las empresas petroleras. Según Martínez de Sucre, la participación del órgano de contralor “resulta sustancial y debería ser previa a la aprobación del mismo por la Legislatura local”.
Finalmente, y sin perjuicio de que el lector se tome la molestia de remitirse al dictamen completo que aquí publicamos, para poder tomar cabal conocimiento de todos los considerandos, el Fiscal de Estado hace la “sugerencia” de recomendar la incorporación de un “régimen de auditorías del estado de las reservas y recursos hidrocarburíferos de las áreas concesionadas en la Provincia de Tierra del Fuego, a fin de generar una base de información propia que le permita cotejar la provista por los concesionarios”.
Fuente:94diez.com
