Sin embargo, hay divergencia sobre tres cuestiones importantes para este año: la magnitud del repunte esperado de la actividad económica, las negociaciones salariales y el nivel de inflación. A continuación haremos foco en cada uno de los puntos mencionados, comenzando por el primero.
Actualmente, conviven dos posiciones extremas respecto de la tasa de crecimiento previsto para la Argentina en 2013. Por un lado, se menciona un repunte significativo –mayor o igual a 5%– y, por el otro, un estancamiento o una expansión de 1% (en línea con el incremento de la población).
La primera posición sostiene que, gracias a un salto de la cosecha agrícola, va a haber un fuerte repunte de las exportaciones, los ingresos fiscales y la actividad agregada. La mayor holgura de divisas y el margen de utilización de la capacidad instalada permiten responder a una mayor demanda (traccionada por el gasto público y la recuperación de Brasil) con mayor producción interna.
Pero, a diferencia de la época de oro del modelo productivo (2003-2006), el derrame sobre otras actividades ya no es automático. El ejemplo más claro es el mercado inmobiliario: los ingresos de la cosecha se canalizaban a ladrillos, pero esta inversión perdió atractivo tras el cepo cambiario.
Para que realmente se genere un círculo virtuoso tienen que mejorar las expectativas, la inversión y el empleo. Aún no se perciben mejoras de estas variables, y a futuro es poco probable que lo hagan significativamente puesto que la mejoría de 2013 se percibe como transitoria. El problema de fondo es que los incentivos de mediano plazo se han desvanecido junto al modelo productivo.
En cambio, los pronósticos de estancamiento plantean un salto de las exportaciones agroindustriales más acotado (todavía resta levantar la cosecha, y los precios internacionales han bajado últimamente), una menor recuperación de Brasil y un mínimo derrame sobre las demás actividades producto de la pesada herencia de 2012.
A nuestro criterio, lo más probable es que la actividad crezca en torno al 3%, con poca creación de empleo y un tibio rebote de la inversión. Sin embargo, nos preocupa que la creciente conflictividad social –agravada en años electorales– aumente las chances de un escenario de estancamiento.
Esto nos lleva al segundo punto: las negociaciones salariales serán particularmente complejas este año porque, si tomamos como referencia una inflación en torno al 25% (dato del IPC Congreso y avalado por la mayoría de los gremios), son pocos los trabajadores que lograron una mejora del poder adquisitivo en 2012.
Más aun, al analizar el salario real por nivel de ingresos se observa que los trabajadores de menores recursos fueron particularmente afectados por una suba de precios más intensa en alimentos y problemas del mercado laboral. Los sectores medios se vieron perjudicados por reducción de horas trabajadas y menores beneficios por asignaciones familiares formales. Y por último, producto de la falta de actualización del mínimo no imponible de Ganancias los trabajadores de mayor remuneración vieron acotada su mejora nominal del salario por impuestos.
Esto significa que el punto de partida de los reclamos salariales de este año luce elevado: hay que recuperar el terreno cedido en 2012 y conseguir aumentos que cubran las expectativas de inflación, que según encuestas de la Universidad Torcuato Di Tella se ubica actualmente en 30% para los próximos 12 meses.
Pese a que las expectativas de inflación pueden lucir exageradas, son pocos los economistas que ven una desaceleración de la inflación en 2013. En nuestra opinión, en el mejor de los casos la suba de precios será similar a la observada el año pasado. Sin embargo, existe el riesgo de que se ubique un escalón por encima a causa de un excesivo impulso fiscal/monetario.
En este contexto, el Gobierno nacional estaría avanzando en conversaciones para cerrar un acuerdo de subas salariales acotadas a cambio de una mejora del tope de asignaciones y el mínimo no imponible. Algunos medios denominaron este intento como “el pacto 20%-20%”.
El primer inconveniente de este acuerdo es que, sin una política antiinflacionaria coherente (esto es, estadísticas confiables y un set de política monetaria, fiscal, cambiaria y de ingresos acorde a una gradual reducción de incrementos), la suba de precios cerrará –como ya dijimos– en torno a los niveles de 2012.
Esto significa que el 20% de suba de salarios y del ajuste de los topes de asignaciones y el mínimo no imponible perderán la carrera frente a la inflación. Si esto efectivamente sucediera, el consumo se resentiría en medio de la contienda electoral, escenario que no sería avalado ni por el Gobierno ni por los gremios, que –conflictividad mediante– buscarían reabrir paritarias antes de fin de año.
Si el Gobierno insiste en un plan ortodoxo de moderar primero salarios para contener luego la suba de precios, va a generar mayor conflictividad laboral, lo que puede morigerar aun más el repunte de la actividad esperado.
Por otra parte, si no logra coordinar la puja de precios y salarios, es probable que tenga que acelerar la depreciación del tipo de cambio oficial para evitar un mayor atraso cambiario. Lo que implica levantar una de las dos anclas nominales de los precios durante los últimos años.
Algo similar ocurre con la segunda ancla: las tarifas. Si el Ejecutivo no las sube, va a tener que apelar a mayores subsidios, que en un contexto de déficit fiscal y escaso financiamiento implican mayor emisión y, por ende, mayores presiones inflacionarias. Si las ajusta, los precios directamente suben, como observamos a fines de diciembre y en los primeros días de este año.
Probablemente la única alternativa para minimizar efectos colaterales sea explicitar un plan contra la inflación que ataque simultáneamente los diversos frentes abiertos. Esta sería la única forma de torcer a la baja las expectativas de los agentes, elemento clave para generar el espacio suficiente para acordar menores incrementos de precios y salarios sin resentir la capacidad de consumo de los trabajadores.
Sin los pilares del modelo productivo (competitividad externa y superávits gemelos), con un tipo de cambio desdoblado de hecho y creciente presión impositiva e inflación elevada, el riesgo de repetir el estancamiento de 2013 luce cada vez más probable. No creemos que esto suceda este año, pero el riesgo existe, y si no hay un cambio de rumbo ese escenario se concretará más temprano que tarde.
Por Lorenzo Sigaut Gravina / Ecolatina
