Quizá resulte ocioso repetirlo, pero bien vale recordar en qué gasta los recursos el Estado nacional para evaluar si está haciendo una asignación correcta del gasto.
En fecha reciente, amplió el presupuesto para sectores deficitarios, de esa forma adjudicó 279 millones de pesos al programa Fútbol para Todos, con lo cual el refuerzo a este proyecto –usado para la propaganda oficial hasta el hartazgo– asciende a 1.471 millones.
Prensa y Difusión de los Actos de Gobierno, otra partida destinada a la publicidad de las actividades gubernamentales, recibió 165.815.447, con lo que acumula un crédito presupuestario de 1.040 millones.
También reforzó en 412.853.568 los fondos para Aerolíneas Argentinas, entre otras readecuaciones que incluyeron 3.950 millones para Enarsa, la sociedad encargada de importar el combustible que no se produce en el país y por el cual se paga tres o cuatro veces más en el exterior.
No terminan ahí los disparates: si se consideran los medios de comunicación estatales, paraoficiales y productoras de publicidades y contenidos oficiales, el Estado nacional destinará este año 7.143 millones de pesos para sostener lo que se llama “el relato oficial” del kirchnerismo.
El hecho de que esas enormes partidas vayan a proyectos de dudosa efectividad invalidaría cualquier resolución que intente recortar gastos en otras áreas. Más aún si estas concentran su actividad en la atención de la salud y el desarrollo psicofísico y laboral de cientos de miles de personas con capacidades especiales.
Con semejantes muestras de despilfarro, es inhumano e intolerable la decisión de la Superintendencia de Servicios de Salud de recortar partidas que eliminan prestaciones y reducen servicios a personas discapacitadas.
Así como hay fondos para alentar un relato oficial sobre falsos hechos en el pasado, estos deben aparecer para las necesidades de salud de las personas con discapacidades.
También para cubrir el transporte escolar, los talleres de inserción laboral, las maestras integradoras, los tratamientos especiales en fonoaudiología y psicopedagogía, entre otras prestaciones que se prevén reducir o suprimir.
Las impactantes protestas realizadas en Córdoba y en la Capital Federal obligaron a la Superintendencia de Servicios de Salud a suspender los recortes hasta fin de mes.
Pero esta pretendida “evaluación” oficial sobre el nivel de gastos destinados a esas acciones no debe sufrir la merma de un solo peso, pues se trata de personas protegidas por la Ley Nacional de Discapacidad y por los tratados internacionales que refrendó la Argentina y a los cuales adhirió en la Constitución Nacional de 1994.
El control de gastos debe comenzar por donde el despilfarro es notable e irritativo, antes que por los servicios a quienes más los necesitan.
Fuente:lavoz.com.ar
