Los integrantes del Consejo Asesor- organismo que nuclea entre otros a representantes de partidos políticos acreditados en la provincia, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, la Fundación Malvinas y el Centro de Ex Combatientes- consideraron de manera unánime que los términos de la consulta “podría afectar o perjudicar el reclamo de soberanía plena de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y espacios marítimos e insulares circundantes, según lo establecido por la Clausula Transitoria Primera de nuestra Constitución Nacional”.
La discusión sobre la nacionalidad de los habitantes de Malvinas y por ende los alcances de la Ley que establece los espacios territoriales de la provincia de Tierra del Fuego, fue incluida en una consulta popular junto a otras tres preguntas que nada tienen que ver entre sí, sobre cuestiones económicas que actualmente se dirimen en la Justicia, situaciones habitacionales y de índole ambiental.
La Subsecretaria de Relaciones Internacionales Carolina Lavori, anticipó que la postura del Gobierno provincial es “preservar la congruencia en las políticas provinciales y nacionales”, destacando “los alcances de nuestra jurisdicción provincial determinados por la Ley Nº 26552”, y subrayando que la normativa vigente “establece que las personas nacidas en el territorio ocupado son naturalmente argentinas, a pesar de estar usurpado por el Reino Unido de Gran Bretaña”.
En tal sentido, citó como antecedente más próximo “el protagónico rol de la administración pública de la Provincia al gestionar, el año próximo pasado, los trámites para otorgarle a James Peck (nacido en las Islas), el Documento Nacional Argentino”, el cual fue entregado por la propia Presidenta de la Nación.
