Las críticas van dirigidas de manera directa al decreto 1277- Reglamento del Régimen de Soberanía Hidrocarburífera de la República Argentina- publicado en el boletín oficial el 27 de julio pasado, y que le otorgó al Gobierno la potestad de definir los precios de los combustibles, las ganancias de las empresas, los planes de inversión y hasta la producción de una compañía . Y, además, creó una comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones para el sector, que está a cargo del Secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía, Axel Kicillof. La norma derogó tres decretos de desregulación que estaban vigentes desde 1989 y que establecían, entre otras cosas, la libertad de precios de los productos y la libre disponibilidad de los hidrocarburos por parte de las petroleras que podían exportar libremente -en el caso del gas, se requería un permiso previo. Pero, el problema mayor, es que Kicillof, encargado de regular y supervisar el mercado es director, además, de YPF. De acuerdo a lo publicado hoy por Clarín , el presidente de Shell argentina, Juan José Aranguren , denunció que tuvieron que «entregarle toda la información de la compañía a la empresa competidora», en alusión a YPF. Y si el poder Ejecutivo le impone a la empresa algo que pudiese afectar sus derechos, avanzará iniciará acciones legales. «Hay un conflicto de intereses flagelante», expresó Aranguren, que agregó, en la misma línea, que «el decreto genera condiciones que están en oposición a la ley de ética pública». Según explicó, «una persona que controla no puede tener una actividad en aquello que controla».
Fuente:inversor, energético y minero.
