De esta manera, a través de la figura del Defensor del Pueblo, incorporada en la Constitución Nacional en la reforma de 1994, se busca proteger los derechos e intereses legítimos de los habitantes de Río Grande, atendiendo los reclamos o denuncias formulados por damnificados contra arbitrariedades, desviaciones o abusos de poder, como así también errores administrativos, negligencia o cualquier acción, hechos u omisión de los organismos mencionados.
Al respecto, la Concejal Colazo expresó que de aprobarse este proyecto en la próxima sesión legislativa «se lograrían grandes avances para la transparencia de la gestión municipal,» dado que el Defensor del Pueblo «se convertirá en una figura clave para la protección de los derechos de los vecinos, y en lo referido al acceso a la información pública».
Cabe destacar que el proyecto presentado entiende a la Defensoría del Pueblo como un órgano unipersonal e independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, que no recibirá instrucciones de ninguna autoridad.
Asimismo, la edil por el Partido Popular destacó que «teniendo en cuenta experiencias exitosas como las de las ciudades de Buenos Aires, Mar del Plata y Bariloche, la creación de este organismo acercará y garantizará la interacción de los ciudadanos con las instituciones democráticas».
Por último, el Defensor del Pueblo reunirá las mismas condiciones legales establecidas para ser Concejal ocupando ese cargo por un periodo de cuatro años pudiendo ser reelegido en forma consecutiva por única vez.
