Sucede que el decreto, que establece al viceministro de Economía, Axel Kicillof, como nuevo amo y señor del negocio petrolero en el país, altera profundamente las condiciones del negocio establecidas hasta ahora. Es por es que las empresas internacionales con presencia en el país, como Exxon, Chevron y muchas otras, pueden acudir al Ciadi, el tribunal internacional del Banco Mundial encargado de resolver diferencias entre Estados nacionales y privados.
Eso se debe a que la Argentina firmó acuerdos de protección recíproca de inversiones durante los años ’90 con una multiplicidad de naciones. Si bien esa decisión abrió la puerta a la llegada de capitales, ocurrió lo mismo con los juicios que recibió la Argentina.
El decreto 1277 establece que la exploración y producción de hidrocarburos, su almacenamiento, transporte, refinación y venta es una especie de servicio que las empresas prestan al Estado, encargado de analizar costos y fijar precios de referencia. Será a través de una comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones para el sector que dependerá de Kicillof . El nuevo órgano podrá “asegurar precios comerciales razonables” y tendrá la facultad para “evitar y/o corregir conductas distorsivas”.
También promete utilizar “criterios que regirán las operaciones en el mercado interno y publicará precios de referencia de cada uno de los componentes de los costos y precios de referencia de venta de hidrocarburos y combustibles, los cuales deberán permitir cubrir los costos de producción atribuibles a la actividad y la obtención de un margen de ganancia razonable”.
Si bien el mercado estaba intervenido de hecho, al hablar de precios de referencia, por caso, niega en los papeles las reglas de mercado que figuraban en la legislación anterior.
Los fiscales provinciales también pueden plantear ante los estrados locales recursos de inconstitucionalidad contra la norma. Es que la reforma constitucional de 1994 y la llamada Ley Corta de Hidrocarburos, de 2006, otorgan la potestad sobre los recursos del subsuelo a las provincias, algo que el reciente decreto intenta centralizar en el gobierno nacional.
Fuente:elinversoronline.com
