Pero tras dos días de intentar digerirla, comenzaron a encauzar su ira en reclamos concretos. Los líderes provinciales intentarán esta semana acordar un encuentro con el viceministro de Economía, Axel Kicillof, -erigido como el hombre a cargo del control integral de los hidrocarburos por el decreto- o con la propia presidenta Cristina Fernández. Sus equipos técnicos, de acuerdo con lo que transmitieron a El Cronista desde dos despachos provinciales, intentarán al menos dejar en claro un punto: si la norma se lleva a la práctica a la letra de lo publicado el viernes, implica una violación de la Constitución e incluso de la llamada Ley Corta de los hidrocarburos, una creación del kirchnerismo que descentralizó la administración de los hidrocarburos a favor de los estados provinciales. Es que en la práctica establece que la exploración y producción de hidrocarburos, su almacenamiento, transporte, refinación y venta es una especie de servicio que las empresas prestan al Estado, encargado de analizar costos y fijar precios de referencia, según consignó El Cronista. Será a través de una comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones para el sector que dependerá de Kicillof. El nuevo órgano podrá asegurar precios comerciales razonables y tendrá la facultad para evitar y/o corregir conductas distorsivas. También promete utilizar «criterios que regirán las operaciones en el mercado interno y publicará precios de referencia de cada uno de los componentes de los costos y precios de referencia de venta de hidrocarburos y combustibles, los cuales deberán permitir cubrir los costos de producción atribuibles a la actividad y la obtención de un margen de ganancia razonable».
Fuente:inversor, energético y minero.
