“Tenemos la seguridad y la convicción de que esto es así, y de hecho lo hemos planteado judicialmente” sostuvo el funcionario, ya que “el texto de la ley 648 no da lugar a otra interpretación al que la ley dice”, afirmó.
Asimismo, el Jefe de Gabinete confirmó que este lunes tendrá lugar en Tribunales la audiencia conciliatoria entre el Gobierno y los municipios.
“Más allá que me parece razonable esta convocatoria por parte de la Justicia, entiendo que el objetivo tiene que ver con escuchar la postura de las partes”. Y si bien dijo desconocer “cuáles serán los argumentos” que expondrán los municipios, “no entiendo que alguno de ellos pueda llegar a ser atendible”, consideró.
En tanto, el Secretario de Jefatura de Gabinete, Daniel Ravaglia, negó que el planteo del Gobierno ante la Justicia busque atentar contra las prestaciones básicas que se brindan a los habitantes de la provincia.
Aseguró que lo que se pretende con la acción declarativa de certeza “es la correcta aplicación de la Ley 648, en función de derivar ese dinero a áreas fundamentales como es la educación y no restarles presupuesto a los municipios descuidando al ciudadano”.
El planteo gubernamental “no tendría que ser interpretado como un avance a las economías municipales con miras a perjudicar a sus vecinos, puesto que todo el dinero será derivado, como siempre, a servicios a para la misma población que se intenta defender» manifestó el Secretario.
“Dado que la provincia invierte sumas millonarias en cada una de las áreas evidenciando un esfuerzo enorme, a lo que se apunta es a la optimización de los servicios que se brinda a los ciudadanos, con el cálculo correcto de lo que marca la ley» añadió.
A la vez, Ravaglia remarcó que la discusión de roles provincia-municipios “siempre estuvo en la agenda gubernamental, siendo éste un nuevo escenario y un buen momento para plantear ese debate”.
En tal sentido, el Secretario hizo referencia al año 2008, donde en medio de la peor crisis provincial “el Gobierno decidió correr con todo el sacrificio del déficit, asumiendo todas sus obligaciones y deudas de anteriores gestiones con los municipios”.
Por último, el Secretario de Jefatura de Gabinete recordó que con la acción declarativa de certeza lo que se discute «no es una cuestión política, sino la letra de la ley», y que por lo tanto, “corresponde a la Justicia dirimir esa disputa”.
