Demandar o exigir la cabeza de un trabajador de la administración pública, con más de 25 años de antigüedad en el Estado y con todos los requisitos exigidos cumplidos, por el mero hecho de pertenecer a una fuerza política, no hace más que remontarnos a los años oscuros de la dictadura militar. Las manifestaciones públicas de este tipo son los que llevaron en la década del ‘70 a aquellos que no aceptaran la voluntad popular, a golpear las puertas de los cuarteles para derrocar a quienes ocupaban cargos legítimamente elegidos. La historia argentina demuestra que tal falta de ética y de compromiso constitucional llevó a que nuestro país tenga treinta mil desaparecidos.
Raúl López
PRESIDENTE A CARGO DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL USHUAIA