Las notas periodísticas argumentaban que como la ley de expropiación estipula que el Gobierno Provincial, a través del IPV, deberá ser el encargado de la urbanización, la administración municipal podría dejar de prestar servicios en el lugar para ir a cubrir las necesidades de otros barrios.
Lopez dijo entender que “dichas afirmaciones obedecen a un mero ‘intercambio de chicanas’ entre funcionarios municipales y provinciales que ya no tienen pendientes para este año instancias de disputa electoral, quienes apartándose de pautas mínimas de responsabilidad social y política ‘se pasan la pelota’ pretendiendo no hacerse cargo de vastos sectores de nuestra ciudad que viven en condiciones por demás precarias y vulnerables”.
“Es verdad que el IPV es la autoridad de aplicación del proceso de urbanización que prevé la ley de expropiación, pero también es verdad que el proceso involucra diversos actores, cada uno con su cuota de funciones y responsabilidades propias”, explicó el legislador nacional.
El senador ejemplificó que “la Fiscalía de Estado debe llevar adelante el proceso tendiente a la indemnización de la expropiación como para que la provincia pueda otorgar los títulos de propiedad; sendas empresas privadas brindarán los servicios de electricidad y gas; el PROMEBA dispondrá la infraestructura que le compete en materia de mejoramiento barrial; la municipalidad aprobará los planos y otras cuestiones del proyecto, así como recaudará las tasas y los impuestos que correspondan; además prestará los servicios de agua potable y cloacas, inclusive con el apoyo financiero millonario de la provincia a través de obras priorizadas en el Fideicomiso Austral; etc.”.
“Aparte, también es cierto, el proceso de urbanización no va a llevar menos de cuatro o cinco años, durante los cuales difícilmente las familias de estos barrios puedan prescindir de, por lo menos, agua y calefacción”, agregó el parlamentario.
Lopez comentó que “pareciera que el intendente electo de Río Grande piensa que los nuevos barrios no pertenecerán a la ciudad, definiendo en la zona una suerte de ‘territorio provincial’, olvidando incluso que a diferencia de lo que ocurre en Ushuaia o en Tolhuin, los servicios de agua potable y cloacas, entre otros, son de la competencia del municipio. Con esa lógica, ninguna de las urbanizaciones ni ninguno de los barrios desarrollados por el IPV desde su creación formarían parte de la ciudad”.
El senador contó que “desde la sanción de la ley, a sabiendas de que sobrevendrían este tipo de actitudes, juntamente con los vecinos, sus organizaciones, y la Central de Trabajadores de la Argentina, venimos proponiendo la conformación de un equipo coordinador de la urbanización, como para reunir a todas las áreas responsables de los diferentes aspectos involucrados en un mismo ámbito de evaluación, planificación, diseño y ejecución del proceso, con la participación de los habitantes del territorio a través de la organización que se den, como una manera de ordenar, poner claridad sobre las etapas y sus tiempos, asignar claramente responsabilidades e implementar mecanismos de control y rendición de cuentas como para evitar evasivas y demoras innecesarias que se acumulen a las ya sufridas”.
“Cualquier cristiano podría preguntarse qué tienen que ver este tipo de actitudes abandónicas, en perjuicio de los sectores menos aventajados de nuestra sociedad, con la opción por los pobres”, finalizó el parlamentario.
