El rechazo del Gobierno a ambas iniciativas ingresó hoy por mesa de entradas del Parlamento fueguino, restando ahora saber si los legisladores insistirán la sanción de las normativas, para lo que necesitarán de la mayoría agravada de “dos tercios”.
De no alcanzarla, automáticamente el Ejecutivo utilizará el presupuesto reconducido del año 2010.
La Mandataria ya había adelantado en declaraciones a distintos medios de prensa, que “por supuesto que voy a vetar el presupuesto” ya que “la Constitución dice claramente que la Legislatura tiene atribuciones para aprobarlo o rechazarlo, no para modificarlo o formular un nuevo Presupuesto”.
Cabe acotar que el proyecto elaborado por el MOPOF, el PJ y el Movimiento Obrero, que fue el aprobado por la Legislatura, prevé un sensible recorte de los ingresos corrientes previstos por el Ejecutivo.
El decreto que lleva el número 3156/10 firmado el 29 de este mes, establece en su artículo primero: “vetar totalmente el Proyecto de Ley sancionado por la Legislatura en la sesión ordinaria del día 21 de diciembre de 2010, de Presupuesto de Recursos y Gastos de la Administración Central y Organismos Descentralizados para el Ejercicio 2011, de conformidad al artículo 109 de la Constitución Provincial”.
En su artículo segundo, la mandataria ordena “devolver a la Legislatura Provincial el proyecto de ley indicado, a los efectos previstos en el artículo 109” de la carta magna provincial.
En sus considerandos, Ríos toma en cuenta un informe realizado por la Secretaría Legal y Técnica de la gobernación que advierte que “el proyecto sancionado no ha respetado las facultades constitucionales adjudicadas a cada uno de los Poderes del Estado provincial, en el proceso de formulación y sanción de la ley de presupuesto”.
Señala además que “por mensaje número 8 del corriente año, el Poder Ejecutivo Provincial dio cumplimiento a la obligación que surge del artículo 67 de la Constitución de la Provincia, que adjudica expresamente al Poder Ejecutivo la iniciativa legislativa en materia de presupuesto”.
“Esa prerrogativa legislativa que posee el Ejecutivo es única y excluyente, y es la que entendemos no ha sido respetada ante el proyecto en vista, que no se corresponde con la aprobación o rechazo del proyecto que remitiera el Poder Ejecutivo, sino con el tratamiento de un proyecto propio o alternativo” de presupuesto presentado por bloques legislativos opositores.
En ese marco, el gobierno provincial señala que “la atribución de la Legislatura en materia presupuestaria se restringe a su propio presupuesto, el que integrará el Presupuesto General que remita el Ejecutivo provincial”.
Respecto al aumento de dietas que pretendían algunos legisladores – y que incluía al propio salario de Ríos – desde el Gobierno argumentaron su rechazo en que “no se puede decir a los trabajadores que la pauta salarial para el 2011 será del 10 % (en referencia a lo ofrecido por el ejecutivo), mientras la clase política se aumenta un 30”.
La mandataria firmó el decreto número 3157/10 en el cual ordena “vetar totalmente el proyecto de ley que fija la remuneración del gobernador de la provincia, de conformidad al artículo 109 de la Constitución y también devolvió el proyecto rechazado a la Legislatura.
La gobernadora señaló que en el proyecto del Legislativo no solo “no se contemplan los mayores recursos que respaldarían el incremento salarial sancionado”, sino que “resulta incongruente el proyecto de ley con la política salarial que lleva a cabo el Poder Ejecutivo provincial”.
“No corresponde otorgar un aumento salarial para los funcionarios provinciales que rondaría en un 25 por ciento cuando se estipula un incremento salarial programado para el resto de los trabajadores estatales del diez por ciento (10%)”, señalan los considerandos del veto al salariazo legislativo.
