Primero, diremos que la existencia de asentamientos informales en las ciudades latinoamericanas es una constante. ¿Por qué? Hay múltiples respuestas a esa pregunta, pero la razón fundamental se encuentra en la lógica de producción de ciudades que, en nuestro caso particular, es la lógica de producción mercantil, donde la vivienda y el acceso a la ciudad son bienes que se intercambian por dinero, y quien no tiene dinero… no accede a una vivienda digna por la vía del mercado formal. Deberíamos agregar que si todo ser humano necesita de un lugar para habitar, el acceso a la vivienda se dará de cualquier manera y una de ellas es justamente, asentándose donde se pueda, con un mayor o menor grado de organización, pero procurando construir un lugar donde poder subsistir.
Si bien es cierto que el Estado construye viviendas –y en Argentina, desde 2003 se han producido más viviendas que en los últimos cuarenta años-, eso no es suficiente para satisfacer el déficit habitacional y urbano que existe. ¿Por qué? En principio, porque para hacerlo es esencial que el Estado, además de construir viviendas, desarrolle Políticas urbanas, habitacionales y de suelo activas para favorecer el acceso de los sectores populares y medios a la tierra, la vivienda y la ciudad.
Podemos decir también que la existencia de asentamientos informales no es un problema directamente asociado a la condición de pobreza. Los niveles de crecimiento económico en Argentina son elevados desde 2003, la pobreza y la indigencia ha disminuido y esto no implicó la reducción del déficit habitacional y urbano o el cese de los conflictos por el acceso al suelo, la vivienda y la ciudad; de hecho, se han incrementado, se producen tomas de terrenos todas las semanas en todo el país y los desalojos se multiplican. Por otro lado, los alquileres suben, los valores del suelo se incrementan de manera exponencial y son mínimas las alternativas crediticias para los sectores populares y medios.
En América Latina se ocupa y luego se urbaniza, lo que exige a los municipios poner a prueba el ingenio para crear mecanismos de planificación efectivos que den respuesta a esta particular forma de producir ciudad. Pero es necesario que el estado proponga un modelo de ciudad, que planifique e intervenga, que distribuya las cargas y beneficios del proceso de urbanización, que participe de la valorización del suelo o inmobiliaria que sus decisiones generan y que se base en la función social de la propiedad, posibilitando instancias de participación en la toma de decisiones, que van más allá de mecanismos como el de presupuesto participativo. Existen instrumentos para hacer todo esto y hay muchas experiencias municipales exitosas en este sentido.
Ahora, habiendo desenmarañado apenas algunas aristas de esta problemática tan compleja, vamos a decir dos cosas más, primero que no es beneficioso para ninguna ciudad la toma de tierras ni la expansión de la ciudad “por emparches”, cambiando usos de suelo, debiendo urbanizar zonas no aptas con costos mucho más elevados, etc. Aún así, repitiendo algo que se dijo más arriba, no podemos pretender que no existan asentamientos informales cuando el Estado no propone un modelo de ciudad, orientando el propio proceso de producción de ciudad hacia una realidad urbana inclusiva y equitativa.
¿Qué alternativas tenemos entonces? En principio, exigir a nuestros representantes que se garanticen los derechos adquiridos que todos los habitantes de la ciudad tienen, por la constitución nacional, la constitución provincial y la carta orgánica municipal, además de exigir que se cumplan con las ordenanzas aprobadas. Podemos proponer como comunidad organizada, alternativas de urbanización por autoconstrucción. Podemos también, exigir que se cumpla con lo que propone el Plan de Desarrollo Territorial de la Ciudad, que habilita al Municipio la aplicación por ejemplo, de instrumentos tributarios que le permiten al Estado participar de la mayor valorización del suelo o inmobiliaria que se genera por las decisiones que él toma, recuperando así, una parte y devolviéndola al conjunto de la sociedad.
Es posible y muchos municipios lo están demostrando: consensuar con la población, generar alternativas a la producción de ciudad no planificada e intervenir en el proceso de urbanización con miras a desarrollar ciudades más inclusivas. Es una responsabilidad que el Estado debería tomar, pero también es una responsabilidad de todos los habitantes, exigirlo, proponer y participar o exigir la participación en los procesos de toma de decisiones.
* Nadia Finck es Socióloga (UBA), Especialista en Planificación Urbano Territorial cursado en la Universidad Nacional de Rosario. Ha realizado cursos de Derecho Urbanístico del Lincoln Institute of Land Policy y participa activamente de Habitar Argentina, Espacio multiactoral por el derecho al suelo, la ciudad y el hábitat.
