Aquí falta coraje por parte de la dirigencia política en ponerle límites a quienes han tomado a la sociedad fueguina y a la institucionalidad de rehén. Cómo se puede confiar en gente que hace una errónea interpretación la constitución en su propio beneficio. Cómo se puede confiar en fiscales como el caso de Quadrini en Río Grande que sistemáticamente plancha causas donde se investigan a funcionarios municipales o se instruyen mal las causas para que después terminen siendo anuladas y los funcionarios sobreseídos. Aquí solo los perejiles terminan presos. Los únicos que están detrás de las rejas son los vecinos honestos que tienen miedo.
En el año 2000 presenté dos proyectos que comprendían a los magistrados, el cumplimiento del tope salarial y que los obligaba a someterse a análisis por consumo de drogas; lamentablemente la mayoría automática de la legislatura boicoteo las iniciativas y no prosperaron.
El tope comprende a los magistrados también
A modo de ejemplo, es como si un Concejal dijera que es edil, por lo tanto como la constitución no se refiere a los ediles, no le comprenden las incompatibilidades ni limitaciones salariales; todo esto basado en una interpretación retorcida, avara y desquiciada basada en la supuesta independencia del poder judicial.
Si bien es verdad que existe una división funcional del poder, que se divide en tres: ejecutivo, legislativo y judicial; los tres están sometidos al imperio de la constitución y la avaricia no puede ser justificativo para torcer la constitución. Si los Señores Jueces son tan excelsos profesionalmente, y quieren ser ricos o vivir una vida de bacanes, que vayan a juntar dinero a la actividad privada en el ejercicio liberal de la profesión.
Este cuerpo judicial es el mismo, con contadas excepciones, que avaló las jubilaciones anticipadas, incluso miembros del mismo la redactaron la ley y luego se beneficiaron directamente. Nada dijeron que la ley establecía que el beneficio era para funcionarios judiciales y no para magistrados. Cualquier estudiante de derecho diría que los más parecido a la teoría de los actos propios, cuanto menos.
Ya en varias oportunidades hemos visto al Superior Tribunal incurrir en conductas que rayan el mal desempeño, resolviendo cuestiones que los comprendían como parte interesada. Lamentablemente quienes ejercen la función pública, y por lo tanto obligados a denunciar esta inconductas, nada hicieron.
