EL GOBIERNO PROVINCIAL DECLARÓ LA EMERGENCIA DEL SERVICIO PENITENCIARIO

Los presos habían quemado colchones y causado destrozos para impedir el traslado a Río Grande de un condenado a prisión perpetua.

USHUAIA, 28 de agosto.– En menos de dos horas, el Gobierno sofocó hoy un motín en la Alcaidía de esta ciudad, provocado por un grupo de reclusos que querían evitar el traslado de un condenado a prisión perpetua a la Unidad de Detención de Río Grande.

El incidente movilizó a la plana mayor del Ejecutivo fueguino, de la Policía provincial y a jueces y defensores del Poder Judicial.

El vicepresidente primero de la Legislatura a cargo del Ejecutivo, Fabio Marinello; el ministro Coordinador, Guillermo Aramburu; y el director del Servicio Penitenciario, Carlos Debaz se trasladaron desde Río Grande para ponerse al frente de las actuaciones.

El secretario de Gobierno, Daniel Ravaglia; la Secretaria de Seguridad, Graciela Argüello; la secretaria de Derechos Humanos, Andrea Cervantes y otros funcionarios del gabinete provincial se hicieron presentes en el lugar, ubicado en la esquina de las calles Gobernador Deloqui y Lasserre.

El ministro Guille rmo Aramburu anunció la declaración de emergencia del Servicio Penitenciario durante el manejo del motín, y decidió separar del cargo al responsable del operativo.

El funcionario ordenó también la relocalización de los 25 reclusos del pabellón Nº 1 donde ocurrieron los incidentes, entre la Cárcel de Río Grande y la Comisaría Segunda de Ushuaia.

El hecho se produjo este sábado, entre las 8 y las 10. Según fuentes policiales, los presos quemaron colchones, frazadas y mesas, y produjeron destrozos edilicios para impedir el traslado de recluso Luis Coñocar Mansilla a Río Grande.

Dado que en la Alcaidía de Ushuaia conviven procesados y condenados, el Gobierno había dispuesto el traslado paulatino de quienes cumplen condena a la Unidad de Detención Nº1, ubicada en Río Grande.

Por el Poder Judicial tomaron intervención en el hecho el Juez Correccional Maximiliano García Arpón; la Jueza de Instrucción de Segunda Nominación, María Cristina Barrionuevo; el Defensor Oficial, Gustavo Ariznabarreta.

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