También la funcionaria afirmó que «en ese contexto nunca el Poder Ejecutivo informa al Fiscal de Estado respecto de una potencial causa contra la Provincia, sino hasta tanto la misma no es declarada admisible por el Poder Judicial», y agregó que «en casos como el presente en materia contencioso administrativo, cuando se declara admisible una demanda el Poder Judicial notifica de la misma directamente a la fiscalía de Estado, brindando a dicho órgano un plazo razonable para la contestación de la demanda».
«En esta situación, el Fiscal de Estado requirió luego de presentados los originales al Superior Tribunal de Justicia por parte de esta Secretaría copia de las actuaciones para que previo a conocer si la causa había sido admitida o no, empezar a trabajar en ella», aseguró De Maio.
«Cuando el Fiscal de Estado nos envió la nota solicitando las fotocopias, ya habíamos pedido al Tribunal Superior que nos girara el expediente original para poder hacer las mismas, porque el Fiscal me había adelantado por teléfono el día anterior ese pedido» añadió la funcionaria.
«Es decir, si bien no es habitual remitir las actuaciones cuando ni siquiera la causa es admitida, en este caso apenas el fiscal nos hizo el requerimiento, pusimos en marcha todos los mecanismos para cumplir lo solicitado por él, teniendo también en cuenta la magnitud que podría implicar esa causa, criterio que compartimos», ratificó.
Por último, la Secretaria Legal y Técnica aseveró que «no hubo ningún plazo incumplido ni ninguna intención de entorpecer las normales actividades de la Fiscalía de Estado».
