El rápido y veloz tratamiento del presupuesto 2010 en la Cámara de Diputados de la Nación no dio tiempo a análisis profundos. Uno de los temas más complicados es el impuesto al cheque, que por dos años más no favorecerán a las arcas de las provincias, entre ellas Mendoza.
El mensaje 1.250 del Ejecutivo, tratado juntamente con el Presupuesto, prorroga hasta diciembre de 2011 tributos que antes se extendían sólo por un año: el impuesto al Cheque (por dos años), Ganancias, Ganancia Mínima Presunta y Bienes Personales (por diez años). En el impuesto al Cheque, las provincias reciben apenas el 15% efectivo del total de recaudación, que ronda los $ 22.000 millones. El 20% de Ganancias se detrae para la ANSES antes de coparticiparse. Es decir, son justamente impuestos en los que las provincias ceden una porcion sustancial de sus propios recursos a favor de la administración nacional.
Según un informe de LCG, la consultora del ex ministro Martín Lousteau, si ambos tributos se coparticiparan sin límites, las provincias recibirían el año próximo $ 14.700 millones adicionales. De ese fondo millonario, Buenos Aires embolsaría $ 3.115 millones; Santa Fe, 1.268 millones; Córdoba, $ 1.259 millones (un monto superior al que exige la provincia a la ANSES ante la Corte Suprema por deudas atrasadas), publica hoy diario Crítica Digital.
Para tener idea de la magnitud, este año se estima que el déficit operativo (antes del pago de intereses) del total provincial llegaría a $ 10.400 millones, de los cuales $ 7.700 millones corresponden al rojo de la provincia de Buenos Aires.
Esos fondos contribuirían, en buena medida, a tapar el bache de las provincias grandes y a saldar las cuentas de varias provincias chicas. Un ejemplo: a Tierra del Fuego le corresponderían $ 178 millones (casi el 10% del gasto), una cifra muy importante para el exhausto erario provincial.
Después de la derrota del 28 de junio, todo dirigente político de fuste –en el justicialismo y la oposición– anticipaba una disputa feroz por esa torta de ingresos coparticipables en el Congreso. Algunos arriesgaban incluso que se impondría también una distribución más equitativa de las retenciones (desde marzo de este año, las provincias reciben sólo el 30% de la recaudación por derechos de exportación a la soja: en 2009, unos $ 4.000 millones).
Pero la rebelión fiscal nunca llegó al recinto de Diputados. Al contrario, los gobernadores aceptaron congelar el actual reparto hasta el final de la era K. Néstor Kirchner ya compró lapicera para regodearse frente a los imaginaban que perdería la chequera. Un triunfo político de la Rosada cuya relevancia pasó inadvertida.
Hay varios elementos que explican la “sumisión” de los “gobernas”:
1) A través de otro proyecto, se suspendieron artículos de la Ley de Responsabilidad Fiscal para flexibilizar gastos y endeudamiento provincial.
2) Kirchner prometió refinanciar las deudas provincias contraídas con la Nación. A junio último, el total de la deuda provincial ascendía a $ 97.337 millones, de los cuales $ 72.904 millones eran deudas con la Nación, arrastrada desde los tiempos de los préstamos garantizados de Cavallo. Para 2010, los intereses de esa deuda ascienden a $ 4.761 millones.
3) La modificación del artículo 42 de la Ley de Administración Financiera le permitirá al gobierno K pasar al ejercicio siguiente gastos o deudas exigibles con proveedores. Así, en 2011, cuando asumá una nueva administración, deberán cancelarse facturas del año anterior. La fórmula es un ejemplo que deberían seguir varios gobernadores, que vienen barriendo bajo la alfombra deudas comerciales ante la prioridad de los sueldos.
4) No existe la posibilidad de emitir bonos provinciales sin acuerdo con la Rosada: mientras no puedan destinarse a cancelar impuestos nacionales, su circulación sería muy restringida.
5) Mientras algunos gobernadores pretendían una tajada de los impuestos en discusión (Cheque, Ganancias, unos $ 14.700 millones, como se dijo), por la otra ventanilla Kirchner amenazaba con recortar las “transferencias discrecionales“ a las provincias, que, según LCG, este año ascenderán a 24.261 millones (el 15% del total de ingresos provinciales), todo un récord. El esquema de reparto discrecional de dinero desde la Rosada creció tanto en los últimos años que el matrimonio presidencial volvió a la chequera en sí misma intocable: “Si me quitan por un lado, les saco por otro”, avisó Néstor.
Como bien explica en su informe Lousteau, “los apremios fiscales de las provincias responden a un problema de carácter estructural que vienen cargando desde la década pasada: mayores gastos (descentralización de servicios educativos y de salud sin la correspondiente transferencia de los recursos) y menores ingresos (recursos cedidos en los años noventa a la Nación para financiar a la ANSES)”. Ese desequilibrio estructural (Nación rica frente a provincias pobres) quedó dismulado en los últimos años, gracias al excepcional crecimiento de los ingresos fiscales en todos los niveles. Pero desde 2003 se profundizó la desigualdad en la distribución fiscal en favor de la Nación, que actualmente se queda con casi el 75% del total recaudado.
Por lo visto, los gobernadores no creen que sea el momento de discutir ese reparto, sino de de garantizar sueldos, que insumen el 50% del gasto provincial. Kirchner les ofrece financiamiento local y la posibilidad de endeudarse, en el caso de que la Nación acceda al mercado de capitales en el futuro. Para quienes tienen que administrar hasta 2011 con la humilde meta de abonar salarios, no es poco.
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