Este año el gasto en subsidios podría llegar a $ 37.000 millones, lo que implica que pese a las subas de tarifas, la recesión y los menores precios internacionales de bienes energéticos, estas erogaciones se mantendrían en proporción al producto.
El Presupuesto 2010 incluye un recorte de $ 4.000 millones, focalizado en el sector energético y en las compensaciones de la ONCCA. Sin embargo, de continuar profundizándose la distorsión entre las tarifas y el resto de los precios de la economía, es probable que el gasto en subsidios siga creciendo.
Mientras que en 2007-2008 los precios de los servicios públicos crecieron 28,5% los restantes precios subieron en 55,7%. En consecuencia, los subsidios pasaron de $ 11.238 millones a $ 34.465 millones en el período.
La carga de los subsidios sobre el fisco puede verse en el proyecto de Presupuesto: sin estas erogaciones, el superávit primario llegaría a 5% del PBI y el gasto primario podría financiarse exclusivamente con fuentes internas.
Si bien es necesario desarticular el esquema de subsidios, no es una tarea sencilla, pues implica trasladar la carga del sector público al sector privado.
Actualizar bruscamente las tarifas no sólo es difícil de aplicar sino que también tiene efectos negativos sobre el consumo privado y la inflación.
En definitiva, no es conveniente aplazar el desarme de los subsidios, pero el mismo debería ser gradual para no afectar demasiado la recuperación del consumo privado.
Los subsidios se mantienen como porcentaje del producto
El gasto en subsidios es una pesada carga para las finanzas públicas. Si bien ayudan a mantener las tarifas bajas, distorsionan los precios relativos estimulando el consumo y desalientan la inversión y por ende la oferta. Además, en varios casos terminan beneficiando a los sectores pudientes.
En 2008 los subsidios otorgados por el sector público alcanzaron los $ 34.465 millones (3,3% del PBI), superando al gasto en salarios (2,4% del PBI), obra pública (2,3% del PBI) e intereses (1,7% del PBI). Vale destacar incluso que el año pasado la partida presupuestaria llegó a $ 37.774 millones, pero el gobierno frenó las transferencias en el último trimestre por la caída real de la recaudación.
A pesar del ajuste de tarifas, la recesión y el derrumbe de los precios internacionales de la energía, en los primeros 9 meses del año los subsidios de todo el Sector Público Nacional acumulan $ 25.212 millones (+12% i.a.). Nótese que nuestras cifras superan a las de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), que se circunscriben a las transferencias de la Administración Nacional .
Si bien el monto creció levemente, la composición de los subsidios cambió. Por caso, los gastos asociados al sector energético absorben actualmente 40% del las erogaciones, cuando antes representaban la mitad del total. Esto se explica principalmente por menores transferencias a CAMMESA ($ -900 millones) respecto del acumulado de 2008.
Además, los subsidios otorgados por la ONCCA también cayeron $ 400 millones en los primeros 9 meses del año.
En cambio, se observó un fuerte incremento de la participación de las compensaciones al transporte (de 35% en 2007 a 43% este año). Estos subsidios crecen cerca de 50% i.a. por las mayores compensaciones al transporte de pasajeros (+22% i.a.) y por la estatización de Aerolíneas (el Estado debe cubrir un déficit mensual cercano a los $ 200 millones).
A pocos meses de fin de año, lo más probable es que los subsidios cierren en torno de $ 37.000 millones. En términos del PBI esto significa que se mantienen en los valores de 2008 (3,3%).
En síntesis, los esfuerzos del Ejecutivo por trasladar parte del peso de los subsidios al sector privado sólo lograron estabilizar las transferencias como porcentaje del producto. Pero la otra cara de la moneda es que el atraso de las tarifas de los servicios públicos continúa acumulando una distorsión importante.
Un esquema difícil de desarticular
El proyecto de presupuesto 2010 incluye un gasto en subsidios para la totalidad del sector público del orden de $ 34.000 millones, lo que supone un recorte de $ 4.300 millones (-11%) en relación al crédito vigente para este año. Los principales recortes se concentran nuevamente en el sector energético ($ -2.500 millones) y en las transferencias de la ONCCA ($ -1.500 millones).
Más allá de lo que exprese el proyecto de presupuesto, el monto destinado al pago de compensaciones sigue siendo elevado (2,7% del PBI) e incluso puede superar el monto de 2009, si se profundiza el atraso de los precios relativos.
Cabe recordar que con la aceleración de la inflación en 2007-2008, el monto destinado a compensaciones a sectores económicos se multiplicó. Mientras que los precios de los servicios públicos crecieron 28,5% en esos años, la inflación en los restantes rubros alcanzó 55,7%.
En vista del incremento de la brecha de precios relativos, no sorprende que el gasto en subsidios haya pasado de $ 11.238 millones en 2006 a $ 34.465 millones en 2008 (+206%). Dentro de estas erogaciones, las transferencias destinadas al sector energético y transporte saltaron de $ 9.400 millones a $ 28.500 millones (+200%) entre dichos años.
Por otra parte, la estatización de Aerolíneas Argentinas constituye un nuevo driver para el gasto en subsidios: entre 2007 y 2008 la compañía pasó de recibir $ 0,5 millones a $ 1.064 millones. En los primeros 9 meses del 2009 ya se gastaron $ 1.670 millones y es probable que en todo el año se alcancen los $ 2.000 millones –se habían presupuestado sólo $ 600 millones-. Para 2010 hay presupuestados $ 1.845 millones de base.
Una noción del excesivo peso de los subsidios sobre las cuentas fiscales se desprende del mismo proyecto de Presupuesto 2010: sin este gasto el superávit primario del sector público ascendería a 5% del PBI, lo que reduciría la necesidad de crédito externo al mínimo. De hecho, excluyendo el monto de subsidios, el gasto remanente podría financiarse con fuentes internas.
Si bien ahora queda claro que no se debería haber acumulado esta pesada carga, el problema es cómo salir. La desarticulación del actual esquema de subsidios no es una tarea sencilla, ya que este proceso se basa en que el sector privado asuma el costo que hoy carga el sector público.
Ahora bien, actualizar bruscamente las tarifas tampoco es deseable por sus efectos negativos de corto plazo sobre el consumo privado y sus efectos inflacionarios de primera y segunda vuelta. Además, el ajuste reciente en las tarifas de luz y gas dejó en evidencia el límite para este tipo de acciones.
Además, la desarticulación no debería ser una medida aislada, sino que habría que contemplarla dentro de un plan de reducción de la inflación y de fomento a las inversiones, especialmente en los sectores hoy subsidiados.
En definitiva, no es conveniente aplazar el desarme de los subsidios, pero el mismo debería ser gradual. De esta forma, se reduciría la carga sobre el fisco sin afectar demasiado la recuperación del consumo privado.
Fuente:Ecolatina
