Culpó a las empresas, sorprendió y defendio a Bertone por no hacer nada: "No nos gustan los subsidios"

«Con todo respeto, ministro, ¿no ha pensado en renunciar?», dijo el diputado Omar de Marchi (Demócrata-Mendoza), mientras Julio De Vido esbozaba una sonrisa nerviosa y se oían abucheos. En una sorpresiva visita, la primera desde que es ministro del gobierno kirchnerista, y sin poder salvarse de las críticas que la oposición tenía preparadas desde hacía tiempo, el ministro de Planificación, Julio De Vido, defendió ante los diputados de la Comisión de Energía de la Cámara baja, que preside Rosana Bertone (FPV-Tierra del Fuego), la marcha atrás del Gobierno en los incrementos de gas y electricidad, decididos por la presidenta Cristina Kirchner apenas regresó de su viaje por Ecuador y Venezuela. Cabe señalar que la comision que preside Bertone no se reune desde agosto del 2008 y que la diputada solo ha echo uso de la palabra una vez en 8 años en el recinto de la Camara baja del congreso nacional.

«Estuvimos hablando con la Presidenta y tratando en profundidad la quita de los subsidios. Una mala evaluación de las concesionarias nos había inducido a errores en la segmentación», afirmó el ministro. Poco después dejó a más de uno helado con una confesión: «No nos gustan los subsidios, pero es parte de una tarea conjunta que debemos hacer».

Eran poco más de las 12 y el secretario de Energía, Daniel Cameron, lo había esperado casi una hora para enfrentar las preguntas de la oposición, defensores del pueblo de varias provincias y dirigentes sociales indignados por los aumentos en las tarifas de dos servicios esenciales.

Con más precisión que Cameron, que a duras penas explicó la medida en términos generales, De Vido fue al grano. «Había que tomar medidas de fondo. Y la Presidenta, en la sensibilidad de que la gente está usando la electricidad para calefaccionarse, decidió mantener en junio y julio un ciento por ciento del subsidio en luz y en gas», afirmó el ministro. Cameron había deslizado que los aumentos de tarifas «afectaban sólo al 15, 3 por ciento de los usuarios».

Responsabilidades
En su discurso hubo una clara de intención de culpar a las empresas del sector y deslindar responsabilidades por los aumentos. «Son medidas que de alguna manera nos impusieron. Hay que auditar a estas compañías que no hicieron un mal negocio en la Argentina», enfatizó. Afirmó que el costo fiscal de la medida será de $ 493 millones y que el dinero «va a ir directo al usuario, sin pasar por las empresas». No explicó cómo se haría efectiva la medida.

La oposición intentó ponerlo contra las cuerdas. «Esto es muy poco serio. El secretario se entera al mismo tiempo que el ministro de las medidas que se toman», protestó De Marchi. «El Gobierno se da cuenta de su error y eso es bueno. Pero ¿cómo se explica que se les dé dinero a empresas que los indujeron a cometer errores?», dijo el diputado Eduardo Macaluse (SI-Buenos Aires). Juan Carlos Vega (Coalición Cívica-Córdoba) recordó el caso de coimas de la empresa Skanska y habló del «fracaso de la política energética». Carlos Urlich (UCR-Chaco) afirmó que la solución dada por el Gobierno «es una aspirina para curar el cáncer».

Luego del rosario de críticas, el ministro defendió otras decisiones del Gobierno en materia energética: sus acuerdos con la «hermana República de Venezuela» y la compra de gas a Bolivia.

Cuando se fue De Vido, Cameron siguió recibiendo críticas. «Los impuestos sólo los fija el Congreso. Queremos la suspensión del decreto», afirmó el jujeño Miguel Giubergia (UCR). Un rato más tarde, y sin la presencia oficial, 12 diputados opositores aprobaron un dictamen de derogación de los decretos y las resoluciones que autorizaron los aumentos. Intentaron, sin éxito, tratarlo en el recinto, pero volvieron a quejarse. «El ministro hizo un anuncio simulado. La política energética fracasó», afirmó Oscar Aguad (UCR-Córdoba), mientras Adrián Pérez (Coalición Cívica) habló de «un esfuerzo opositor» que consiguió la reacción oficial.

La discusión seguirá hoy, a las 14, en el Senado, cuando se reúna la Comisión de Energía, que preside César Gioja (FPV-San Juan). «La realidad y la presión social terminan haciendo que la Presidenta ponga los pies sobre la tierra», afirmó el senador radical Gerardo Morales (Jujuy) a modo de anticipo.

Jaime Rosemberg.
La Nación.

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