Santa Fe no tuvo ninguna respuesta del gobierno federal ante los reclamos administrativos y, como se venía anticipando, ahora llegó el turno de efectuar el reclamo ante la Corte, algo admitido ayer oficialmente por el ministro de Economía, Ángel Sciara, en rueda de prensa.
Esta mañana, el fiscal de Estado, Jorge Barraguirre, viajó a Buenos Aires con los escritos finalizados y él mismo hará la presentación en la Corte con el patrocinio de dos estudios jurídicos pertenecientes a los abogados Ricardo Gil Lavedra y Carlos Rosenkrantz, contratados oportunamente, como informó El Litoral. “El estudio Gil Lavedra seguirá patrocinando a la provincia hasta el 10 de diciembre”, dijo una fuente inobjetable ante la consulta sobre la candidatura del ex camarista federal para las elecciones legislativas del 28 del corriente.
La estrategia santafesina pasa por presentar hoy el reclamo de fondos por la ley del cheque y la autarquía de Afip, mientras que el lunes ocurriría algo similar por el descuento del 15 % de la masa coparticipable para destinarla a Anses.
Santa Fe tiene otros tres reclamos ante el gobierno nacional. En uno de ellos considera que la Nación incumple el piso del 34 % de coparticipación a las provincias; exige los fondos del saldo de compensación de créditos y deudas definidos en el 2005 y la no distribución de ATN con las provincias, fondos que también pasaron a engrosar las arcas nacionales. Por ahora, la deuda de la Nación con la Caja de Jubilaciones no formaría parte del planteo ante la Corte.
“La deuda de la Nación es de mil millones de pesos. Son 621 millones que vienen de un proceso de compensación de deudas y acreencias ya definido, donde la provincia aportó toda la documentación que justifica lo que se reclama por impuestos coparticipables que no se coparticiparon y 368 millones por la deuda que la Nación había asumido con la Caja de Jubilaciones de la provincia y que dejó de pagar en 2006”, explicó días atrás el secretario de Finanzas, Carlos Fernández, ante una consulta puntual de El Litoral. Esta cifra no tiene en cuenta las otras demandas iniciadas por la provincia por la forma en que se coparticipa el Impuesto al Cheque y el aporte a Anses, ni los reclamos por obras públicas prometidas, comprometidas y no realizadas por el gobierno central, así como por los planes de vivienda federal donde se demora la llegada de aportes.
Las cifras mencionadas por Fernández quedaron prácticamente consolidadas en la gestión de Jorge Obeid, ya que la Nación no las abonó.
Otros pedidos
Pero, además, el gobierno provincial pretende que la Nación le devuelva más de mil millones de pesos correspondientes a la recaudación de los últimos años por el Impuesto al Cheque, que sólo se coparticipa en un 15 % por ciento a las provincias. Santa Fe presentó oportunamente el reclamo administrativo ante el Ministerio de Economía de la Nación para plantear la inconstitucionalidad de la ley Nº 26.180, que en 2006 prorrogó la vigencia de dicho tributo. El escrito reclamó la “plena coparticipación del impuesto al cheque”, y que la Nación “devuelva a la Provincia los fondos retenidos inconstitucionalmente al finalizar la vigencia de la emergencia económica” que existía en 2001, cuando se sancionó la ley que dio origen al impuesto. En el momento de la presentación, Barraguirre había definido a la vía administrativa como “un trámite de cortesía para evitar litigar ante la Corte Suprema de Justicia” y, ante la no respuesta, llegó la hora de litigar.
El otro planteo ante la Corte es por la detracción que viene haciendo desde el 2001 el gobierno nacional de fondos de la coparticipación para el fondo de autarquía y la cuenta de jerarquización de la Afip. Santa Fe intentó con otras provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un pronunciamiento de la Comisión Federal de Impuestos (CFI), pero el organismo optó por no hacerlo.
En noviembre de 2001, el entonces presidente Fernando de la Rúa y sus ministros Crystian Colombo y Domingo Cavallo firmaron el decreto 1399, donde se detrajeron fondos de la masa coparticipable para fortalecer a la Afip.
En la provincia, al primer planteo lo efectuó el ex ministro Walter Agosto en mayo de 2007, cuando advirtió en nota a la fiscal, doctora Irmgard Lepenies. Entre el 2002 y el 2006, la provincia no hizo reclamos sobre la cuestión. En el 2007, existió una intimación para suspender el curso de la eventual prescripción liberatoria.
La Afip detrae fondos de las provincias para capacitar su personal. Éste parece ser el sentido del decreto y, obviamente, el sentido de las impugnaciones provinciales.
En tanto, el próximo lunes, Barraguirre volverá a la Corte con un escrito objetando que la Nación siga descontando el 15 % de la masa coparticipable para enjugar el déficit del hoy superavitario Anses.
/// ADEMÁS
Pedido de informes
La Cámara de Diputados tiene, entre los temas a tratar con preferencia en la próxima reunión, un pedido de informes del justicialista Mario Lacava, a propósito de la contratación de estudios jurídicos por parte del Ejecutivo provincial para entablar los reclamos ante la Nación.
Los siguientes interrogantes del legislador opositor pasan por saber:
* Cuál es el marco legal existente para contratar estudios jurídicos privados a los fines de defender los intereses de la provincia y no hacerlo a través de la Fiscalía de Estado.
* Por qué razón a estos reclamos y/o juicios el gobierno no los promueve a través de la estructura de la Fiscalía de Estado.
* Cuál es el motivo por el cual no se convocó a profesores y/o académicos de las Facultades de Derecho existentes en la provincia a tales efectos.
* Qué razones tuvo el gobierno para no contratar estudios jurídicos existentes en la provincia de Santa Fe y preferir optar por uno de Capital Federal.
* Cuál es el monto de las contrataciones efectuadas en la materia y la previsión existente para las que se pretende realizar.
Santa Fe, a las puertas de la Corte
Barraguirre y Fernández habían informado en marzo último sobre el reclamo administrativo presentado ante el gobierno nacional. La falta de respuesta conduce a la Corte Suprema de Justicia.
Foto:El Litoral
/// EL DATO
Prueba piloto
El planteo de Santa Fe ante la Corte es mirado con detenimiento por varias provincias argentinas, ya que la necesidad de fondos las iguala y varios de los cuestionamientos son coincidentes, especialmente cuando se habla de las detracciones de fondos coparticipables.
La provincia de Córdoba viene insistiendo en que judicializará reclamos ante la Nación. El Litoral pudo saber que existieron contactos entre funcionarios de primer nivel de ambas administraciones.
Corrientes va camino a realizar los planteos administrativos como paso previo y también ha contratado el asesoramiento de estudios jurídicos porteños de primer nivel.
En tanto, dos funcionarios del gobierno de Catamarca estuvieron el último lunes en Santa Fe y se reunieron con varios ministros de Binner para analizar la relación entre Nación y provincias.
Fuente:El Litoral.
