Se observa un importante deterioro del superávit consolidado y la falta de financiamiento externo complica aún más el panorama. El gobierno ha avanzado sobre los stocks y desplaza al sector privado en la captación de fondos.
Si bien la inflación desacelera, se ubica en torno de 17% a pesar de una demanda deprimida. El problema no está resuelto y deteriora el frente social.
Dos cuestiones centrales: stress cambiario y pérdida de competitividad. La desconfianza impulsa la salida de capitales y la elevada inflación real ha diluido el colchón de competitividad de los últimos años.
El mayor desafío de la agenda es recuperar la política económica como instrumento, diferenciando entre temas urgentes y estratégicos.
LO URGENTE: apuntalar la actividad, mejorar las expectativas, reconocer y desarticular la inflación, equilibrar las cuentas fiscales, mantener la competitividad externa y mejorar los indicadores sociales.
LO ESTRATÉGICO: rediseñar la coparticipación federal de impuestos, alcanzar acuerdos sectoriales de producción e inversión, ampliar el financiamiento y consolidar la integración regional.
Lamentablemente, cualquier decisión que se tome para encauzar el rumbo en un contexto recesivo implica asumir costos. Pero es importante entender que si no se toman medidas correctivas la situación puede empeorar aún más.
Cuanto antes se encaren los problemas, más rápida será la recuperación y menores las cargas futuras. En esta instancia, no reconocer la necesidad de un cambio de rumbo será muy costoso.
Sin política económica los problemas se acumulan
La falta de política económica se ha profundizado en los últimos años. A los problemas que se venían acumulando como la carencia de inversiones y la elevada inflación se han sumado otros como la desconfianza de los agentes, la crisis internacional y el deterioro fiscal, que instalaron un nuevo ciclo recesivo.
Sin embargo, la actual crisis no se asemeja a la de 2002 y podría revertirse en el corto plazo. Para alcanzar este objetivo se necesita no sólo un correcto diagnóstico y un plan económico consistente sino también la voluntad política de cambio. Tras las elecciones legislativas se abre una nueva oportunidad para corregir los problemas económicos que afectan al país con creciente intensidad.
Trazar un diagnóstico acertado es complejo cuando las estadísticas públicas no reflejan la realidad. No obstante, con las herramientas adecuadas se puede apreciar correctamente la coyuntura.
El primer punto a destacar es que la recesión se ha consolidado y ya se percibe un importante deterioro del mercado laboral (mayor informalidad, destrucción de empleo, reducción en la planta contratada, etc.).
La producción de bienes cae desde fines de 2008. Si bien se observa un amesetamiento en el segundo trimestre de 2009, se ubica muy por debajo de los niveles del año pasado. El desplome de las inversiones y el comercio exterior no es ninguna novedad, pero tanto el consumo privado como los servicios –que mostraban mayor fortaleza– ya se encuentran en terreno negativo.
Por el lado fiscal se observa un importante deterioro del superávit consolidado. A pesar del flujo de fondos captado a las AFJP, la dinámica del gasto supera la de los ingresos erosionando las cuentas públicas de la Nación. Asimismo, las provincias presentan un rojo cada vez más abultado.
La falta de financiamiento externo complica aún más el panorama. El gobierno ha avanzado sobre los stocks y desplaza al sector privado en la competencia por fondos frescos. Otras opciones, como subir impuestos o bajar el gasto, también tienen un sesgo contractivo en términos de actividad y empleo.
Si bien hay consenso sobre la desaceleración de la inflación, ésta se ubica en torno de 17% a pesar de una demanda deprimida. El problema no está aún resuelto y junto con el desempleo en ascenso deteriora rápidamente el frente social.
Por el lado del tipo de cambio, hay dos cuestiones centrales de análisis: el stress cambiario y la competitividad de la economía.
La desconfianza de los agentes no sólo afecta las decisiones de inversión y consumo sino que también impulsa la salida de capitales y/o la dolarización de ahorros. Este fenómeno actúa como una hemorragia.
Además, considerando la elevada inflación real el colchón de competitividad se ha diluido. Si bien no se observa un retraso cambiario como el de los noventa, desde una perspectiva histórica el tipo de cambio real se ubica por debajo del promedio.
Por último, es importante destacar que el accionar del gobierno ha contribuido a enrarecer el clima y reducir el horizonte de los negocios. Sin una política económica consistente los problemas internos van a condicionar la recuperación o, peor aún, acentuar la retracción.
Lo urgente y lo estratégico
El escenario postelectoral y la renovación parcial del Congreso invita a repasar las principales acciones pendientes en la agenda económica.
El mayor desafío es recuperar la política económica como instrumento, con el objetivo de clarificar los ejes rectores y corregir los desvíos existentes. Este sería un primer paso para que las restricciones comiencen a tratarse con una visión integradora y los problemas se desactiven antes de agravar las situaciones de stress.
Dada la diversidad de problemas a atacar es deseable pensar en una agenda que discrimine entre temas urgentes (para ser implementados en el corto plazo) y estratégicos (que se focalizan en la sustentabilidad de mediano y largo plazo).
LO URGENTE
Apuntalar la actividad. La velocidad con la cual se revirtió el ciclo de crecimiento deja en evidencia la magnitud de los problemas internos que hace tiempo venimos advirtiendo. Entre ellos se destacan la inflación (que genera pobreza y debilita la competitividad externa), el deterioro fiscal (asociado a restricciones de financiamiento) y la ausencia de inversión (motor productivo y de generación de empleos).
Mejora las expectativas. El deterioro de la confianza tiene efectos nocivos sobre el nivel de actividad al retrasar o incluso cancelar decisiones de consumo, producción e inversión. Además, en un marco de incertidumbre como el actual la desconfianza presiona continuamente sobre el tipo de cambio alentando la fuga de capitales y la dolarización de carteras.
Reconocer y desarticular la inflación. El aumento de los precios se ha desacelerado en los últimos meses producto del freno en la actividad, pero aún continúa en niveles elevados. Esto deteriora el frente social y distorsiona la asignación de recursos en la economía. Cabe destacar que las presiones inflacionarias seguirán presentes por la suba de las commodities, de las tarifas, y el ajuste del tipo de cambio, entre otros factores. La negación oficial agrava el problema y aleja las soluciones.
Equilibrar las cuentas fiscales. El ritmo de crecimiento del gasto público es significativamente superior al incremento de los recursos, lo cual debilita el superávit fiscal. Si bien en momentos de crisis el rol de la política fiscal es clave para sostener la demanda, el interrogante es cómo se financiará ese desequilibrio (avance sobre stocks, reducción de las erogaciones o suba de impuestos, financiamiento de organismos externos o regreso a los mercados).
Mantener la competitividad externa. En el contexto de caída de la demanda mundial las exportaciones se desploman y se está recurriendo al cierre de las importaciones para mantener elevado el superávit comercial. Para peor, la apreciación real del peso en los últimos años resta competitividad a los productos transables, fundamentalmente a los industriales, contribuyendo aún más al retroceso de las ventas.
Mejorar los indicadores sociales. La pérdida de poder adquisitivo y el deterioro del mercado laboral mantiene en niveles elevados la pobreza y la indigencia. Los despidos se intensificaron y el desempleo se aproxima a los dos dígitos. Este panorama social retroalimenta la caída en el consumo y posteriormente la producción, acentuando las suspensiones de puestos de trabajo.
LO ESTRATÉGICO
Rediseñar la coparticipación federal de impuestos. Este año varias provincias cerrarán en terreno negativo sus balances. La creciente dependencia de los fondos nacionales plantea la necesidad de avanzar en un rediseño del esquema de coparticipación federal con el objetivo de consolidar las finanzas provinciales. También deberá ser discutida la distribución de los ingresos entre la Nación y las provincias.
Acuerdos sectoriales de producción e inversión. El conflicto con el sector agropecuario, las regulaciones poco transparentes, las medidas discrecionales sobre el comercio exterior y la falta de financiamiento de largo plazo son sólo algunos de los factores que han debilitado a la producción y a la inversión desde 2006. En este sentido, resulta fundamental mejorar el clima de los negocios y facilitar los mecanismos que fomenten la inversión como eje de crecimiento.
Ampliar el financiamiento. El financiamiento para proyectos a largo plazo es prácticamente nulo y la incertidumbre resta atractivo a las inversiones no financieras. Además, ante el cierre de los mercados externos, el gobierno ha vuelto a competir con el sector privado por recursos. El aumento de la presión fiscal y el efecto crowding out son dos consecuencias directas de la falta de financiamiento para el sector público.
Consolidar la integración regional. El desplome de las economías desarrolladas pone en evidencia, una vez más, la necesidad de avanzar en la integración de los mercados de la región. Las acciones coordinadas aminoran los efectos negativos y potencian las fortalezas conjuntas. Un ejemplo de ello es el sector automotriz que, bajo acuerdo, aprovecha las políticas de estímulo impulsadas por Brasil. Las ventajas de la integración se amplifican en un escenario en el que el principal socio comercial del Mercosur se consolida como potencia global.
Avanzar en la agenda implica asumir costos
La falta de previsión y ausencia de política económica derivaron en una situación delicada. Lamentablemente, cualquier decisión que se tome para encauzar el rumbo en un contexto recesivo implica asumir costos.
Por caso, si se acota el ritmo de incremento del gasto para equilibrar las finanzas del sector público, no se puede llevar adelante una política fiscal contracíclica. Si se hubiera creado un fondo anticíclico –como lo hizo Chile– o se hubiera mantenido el vínculo con los mercados financieros –al estilo de Brasil– el margen de maniobra sería mucho mayor.
Asimismo, un ajuste del tipo de cambio permite apuntalar la competitividad externa y los recursos fiscales, pero impulsa al alza los precios en un contexto social más frágil por el aumento del desempleo.
Ahora bien, más allá de los costos que se asuman, es importante entender que si no se toman medidas correctivas la situación puede empeorar aún más y lo que comenzó como una recesión –tras 6 años de crecimiento elevado– puede convertirse en una crisis profunda.
En síntesis, no hay margen para postergar ciertas decisiones y, por falta de previsión, las mismas implican asumir costos. Pero cuanto antes se encaren los problemas, más rápida será la recuperación y menores las cargas futuras. En esta instancia, no reconocer la necesidad de un cambio de rumbo será muy costoso.
