En diez días, Fernando Carbajal se presentará ante la Corte a reclamar la aplicación del piso de coparticipación federal.
Dada la sistemática indiferencia de los gobiernos nacionales a tratar este asunto desde el año 1994, y agotadas ahora las instancias administrativas y políticas, la provincia de Corrientes se presentará en días más ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a pedir nada menos que el cumplimiento del piso de reparto de los recursos de la Coparticipación Federal de Impuestos.
La presentación tendrá lugar en unas dos semanas, según anunció ayer el fiscal de Estado de la Provincia, doctor Fernando Carbajal, y exigirá la reformulación inmediata de los envíos de coparticipación tanto para Corrientes como para el resto de las provincias, basado en una cláusula constitucional incluida en la reforma de 1994 y que establece un piso del 34 por ciento de envíos para las jurisdicciones de todo el país, 10 puntos más de lo que hoy llega al concierto de los distritos del interior.
El cumplimiento de la cláusula constitucional mencionada está en mora desde hace 13 años, pues si bien data de 1994, la ley dio un tiempo de dos años para que el Estado Nacional aplique ese nuevo esquema de reparto. La cosa no se verifica aún en la actualidad.
Con esto «terminaremos con el asistencialismo nacional que usa los recursos de las provincias», indicó Carbajal ayer en contacto con la prensa, para luego trazar un paralelismo entre los magros porcentajes que se coparticipan «y el dispendio en prebendas políticas que hace el Gobierno Nacional no respetando ningún tipo de ley ni control», remarcó el fiscal.
Entrevistado por una radio capitalina, el funcionario estimó que la presentación que hará Corrientes «beneficiará a todas las provincias y viene a poner fin a una tendencia que tuvieron todos los gobiernos nacionales con aquellas provincias no alineadas y que fueron y son castigadas con el retaceo de recursos».
Esta decisión política adoptada por administración de Arturo Colombi, tiene su correlato en otras provincias como Santa Fe, aunque no se descarta que otras jurisdicciones que padecen retenciones de recursos que legalmente le corresponden actúen en consecuencia, por caso, las provincias de Córdoba, Mendoza y Catamarca.
La idea en un principio es lograr que la Corte obligue al Gobierno Nacional a cumplir con lo estipulado por la Constitución, es decir, la coparticipación del 34 por ciento de los recursos, aunque la idea que es analizada por algunas provincias como Corrientes es lograr una participación igual o superior al 50 por ciento.
Fuente:ellitoral.com.ar
