Las cámaras de esos sectores se reunieron la semana pasada para armar un frente común y defender su causa frente a los legisladores que tratarán el proyecto en el Congreso en los próximos días. Allí asistieron representantes de once cámaras empresariales.
«La idea es hablar con quien tengamos que hablar para frenar esto. Hay pedidos de reunión con los legisladores», dijo Gustavo Vilches, presidente de la Cámara Argentina de Máquinas de Oficina, Comerciales y Afines (Camoca). «Cada cámara hizo sus movimientos por separado y ahora unimos posiciones. Hay que ver cómo sigue. Sabemos que en el Ejecutivo no tenemos muchas oportunidades y estamos trabajando con el Poder Legislativo. Si nada funciona, trataremos con el Poder Judicial, buscaremos la forma de que se nos pueda proteger en la Justicia», agregó Bruno Udenio, presidente de la Cámara Argentina de Comercio e Importación de Equipos de Imagen, Fotografía y Electrónica (Cacieife).
Según las cámaras, la norma encarecerá hasta un 34% el precio de los electrónicos y agrandará la brecha digital. A eso se suma también la posibilidad de que aumente el contrabando de importados y se recorten puestos de trabajo de aquellos fabricantes que no están en Tierra del Fuego. Alejandro Díaz, CEO de Amcham (la Cámara de Comercio Argentino-norteamericana), consideró que «si la decisión realmente fuera fomentar la industria nacional, no se hubieran bajado las alícuotas a algunos artículos de Tierra del Fuego, como se hizo justo antes de mandar este proyecto. Dejan afuera al resto del territorio argentino».
Puertas adentro
En los pasillos de las cámaras ya se sabe sobre grandes marcas de informática que están asegurándose un fabricante en Tierra del Fuego para cuando esté aprobada la ley, algo que muchos dan por descontado.
Al respecto, Alejandro Mayoral, presidente de Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte, que reúne a los fabricantes de Tierra del Fuego), dijo a LA NACION que «las plantas que están montadas pueden incorporar líneas de producción rápidamente. Por caso, la de BGH ya está lista para producir celulares en cuanto se apruebe el proyecto».
«Además también ya vimos proyectos de quienes quieren instalarse en la isla y hoy critican la ley», agregó el directivo, tras destacar que los fabricantes de Tierra del Fuego, «van a mantener los precios e incluso los van a reducir» para el mercado corporativo.
«Y si el problema es el bache que puede registrarse entre la falta de importados y la adaptación de las plantas, no hay mayores inconvenientes. La ley puede salir con un plazo de instrumentación a 90 días hasta que todo esté listo», concluyó.
¿Qué dice el proyecto en debate?
El proyecto que lleva la firma de la ministra Débora Giorgi fija impuestos internos para más de 20 productos importados o fabricados en el continente, entre los que se cuentan celulares, cámaras de fotos digitales, notebooks, equipos GPS y hasta equipos de calefacción. Además, eleva del 15 al 21% el IVA a un listado de electrónicos, como computadoras portátiles.
¿Qué defiende el Ejecutivo?
El Gobierno dice que la ley busca promover la industria nacional y, al mismo tiempo, grava los «productos suntuarios», de forma tal que «quienes más poseen colaboren en mayor medida en la formación de las reservas necesarias para enfrentar con mejores medios la crisis financiera internacional y de aquellos bienes que demandan un alto consumo energético».
¿Quiénes se oponen?
Los importadores y fabricantes de equipos que no están instalados en Tierra del Fuego. Dicen que no pueden cargar con los nuevos impuestos y que trasladarán el aumento a los precios, mientras que en la isla gozan del beneficio del régimen de promoción industrial. Los que se oponen afirman que los productos se encarecerán hasta un 34%.
¿Quiénes están a favor?
La propuesta es respaldada por las empresas que producen en Tierra del Fuego y están agrupadas en la Asociación de Fábricas Terminales Eléctricas (Afarte). La entidad dice que la medida permitirá fortalecer la industria nacional, y afirma que las fábricas en la isla están listas para producir importados como celulares. Además, dice: «Los que quieran producir en la isla pueden pedir el registro y hacerlo».
¿Qué hay que esperar?
El proyecto recibió el visto bueno de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados y se espera que lo traten en el recinto el miércoles. Los detractores apuestan a convencer a los legisladores.
Mercedes García Bartelt
La Nacion.
