El ministro Daniel Filmus encabezó hoy la presentación del anteproyecto de la Ley de Educación Nacional, que ahora será debatido por los docentes de todo el país durante el mes de octubre. El titular de la cartera de Educación afirmó que la nueva norma, que deberá ser aprobada por el Congreso, «deroga y reemplaza» a la Ley Federal promulgada durante el menemismo, y sostuvo que con esta iniciativa se «procura revertir la fragmentación existente en el sistema educativo». El texto fue presentado durante una conferencia de prensa realizada en la sede del Palacio Sarmiento, de la que participaron el secretario de Educación de la Nación, Carlos Tedesco, los ministros de Edución de la Provincia, Adriana Puigróss, y de la Ciudad de Buenos Aires, Alberto Sileoni.
El borrador impulsado por el Gobierno sostiene el retorno del secundario como nivel obligatorio en todo el país y la derogación de la Ley Federal. Filmus precisó que la estructura educativa se unificará en dos modelos: seis años de primaria y seis de secundaria, ó siete de primaria y cinco de secundaria, quedando el séptimo grado en el primer o segundo nivel (a criterio del Consejo Federal de Educación). «Es un avance para los adolescentes, que vuelven a tener la escuela secundaria para que los prepare para el mundo del trabajo y también para seguir estudios universitarios, y que el Estado se haga responsable de la obligatoriedad de la educación durante trece años», manifestó Filmus.
Y adelantó, además, que «existen excelentes condiciones para que la norma sea aprobada antes de fin de año», con el objetivo de que comience a ser aplicada en 2007 y «no esté atada al debate partidario en el año electoral». La iniciativa contó con el aporte de 750 mil docentes, 40 mil escuelas, 700 organizaciones sociales y 12 mil opiniones recibidas por Internet. A pesar de no ser una Ley que entenderá sobre contenidos, se incluyeron tres temas considerados excluyentes para la currícula: «Malvinas»; «Memoria» y «Mercosur». Y tres modalidades: enseñanza «Rural», «Domiciliaria» y «Carcelaria e Institutos».
El proyecto establece una educación obligatoria de trece años, que partirá de los 5 años de edad, y además legisla para chicos desde los 45 días de vida hasta los 4 años -considerados dentro del nivel inicial- con el fin de que se «garantice la universalización de esas salas». La ministra Puiggrós subrayó la importancia de los artículos que tratan a «la educación como un bien público», que sostienen una inversión «no inferior al 6% del PBI» y que estipulan que el Estado «no suscribirá tratados de libre comercio que impliquen concebir a la educación como un servicio lucrativo o alienten cualquier forma de mercantilización de la educación pública».
(Fuente: Télam y DyN)
