El estado provincial absorberá también la deuda de 208 millones de pesos contraída por el banco con la Caja de Previsión Social, que se pagará con el recupero del Fondo Residual.El nuevo Banco S.A. cumplirá el rol constitucional de ser el depositario obligatorio de los fondos públicos y de modificarse la Constitución provincial mantendrá ese privilegio por cinco años, prorrogables por igual período.El punto más discutido durante la sesión de ayer es el que se refiere a la venta de acciones. Finalmente, se votó que el estado no podrá disponer la transferencia de acciones sin la expresa autorización de la Legislatura.Asimismo, el personal del banco quedará sujeto al régimen laboral del sector, manteniendo sueldo, antigüedad y escalafón actual, aunque habrá un régimen de retiro voluntario para el personal.El proyecto fue aprobado con los votos de las bancadas justicialista y del Movimiento Popular Fueguino, en tanto que en la Alianza hubo disidencias: de cuatro legisladores, dos votaron en contra de la aprobación de la privatización y dos a favor. Los disidentes, Fabiana Ríos, del Frepaso, y Hugo Ponzo, del radicalismo, recordaron la plataforma electoral de la Alianza a la hora de rechazar la iniciativa privatizadora.La legisladora Ríos aseguró a Clarín que el proyecto aprobado no garantiza que las acciones quedan en manos de la provincia, ni estabilidad de las condiciones de trabajo de los empleados de la entidad, ni los fondos de la Caja. Sólo garantiza la impunidad de los créditos incobrables.
La presente nota fue publicada por el diario Clarin en el año 2000 y nos muestra la legislatura con que contabamos entonces y los reales intereses que manejaban sus integrantes.
Wilmar Caballero. Corresponsal USHUAIA
