Los cinco puntos que ponen a Herrera bajo la lupa de la investigación son el procesamiento que le dictó la Justicia de primera instancia por el presunto delito de incumplimiento en los deberes de funcionario público, una deuda calificada de “incobrable” por el Banco de Tierra del Fuego, rendiciones presupuestarias sobre las que el Tribunal no se expidió, su participación en el proceso de reglamentación de la ley de Juicio de Residencia y el dictamen a favor de la desafiliación del IPAUSS de funcionarios y empleados de la Fiscalía de Estado y la Justicia.
“Hasta hace un ratito mi situación con el Banco era absolutamente normal”, respondió hoy el funcionario a Botella al Mar, al tiempo que aseguró que “lo que debo, lo estoy pagando por descuento de haberes”.
Para Herrera, la deuda que mantiene con el Fondo Residual del BTF no lo inhabilita moralmente para ejercer sus tareas como funcionario en el Tribunal de Cuentas. “¿Por qué?, si estoy pagando”, se defendió.
Herrera está procesado en la causa conocida como “Supercemento”, pero argumentó que “hasta donde yo conozco, estar procesado no inhabilita para ejercer una función”. Incluso realizó una analogía con Jorge Colazo, también procesado, al expresar que “tenemos el caso del gobernador. No veo cuál es el problema”, afirmó.
Sobre las demás acusaciones sostuvo que son cuestiones técnicas y demasiado complejas como para explicarlas mediáticamente, pero señaló que lo hará cuando sea citado por los legisladores.
La denuncia pasará a la comisión investigadora que integran: Carlos Saladino, Angélica Guzmán, Nélida Lanzares, José Martínez, Jorge Bericua, Miguel Portela y Roberto Frate.
