El Senado convirtió hoy en Ley la última parte del Plan Antievasión II, que apunta a combatir la morosidad y la evasión en materia de seguridad social, y que había sido enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo.
La norma fue aprobada por 43 votos contra dos, y ahora deberá ser promulgada por el gobierno nacional.
Su texto otorga a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) una serie de facultades para combatir la evasión previsional, e incluye una disposición para incentivar el registro del personal doméstico en las casas particulares.
Con ese propósito, se permite deducir como gasto de la liquidación del impuesto a las Ganancias un sueldo por año pagado al personal doméstico, así como las contribuciones patronales correspondientes.
También se amplían las facultades de la AFIP para determinar «de oficio» la existencia de una deuda cuando los contribuyentes no hayan presentado su declaración jurada o resulten impugnables las presentadas, «mediante datos que permitan la liquidación en forma cierta del monto del gravamen o, en su defecto, por aplicación de presunciones que se vinculen con el hecho y la materia imponible».
Entre otros puntos, también «se dispone la presunción, salvo prueba en contrario, de que la prestación personal que se efectúa a través de un trabajo para un tercero se realiza en virtud de un contrato laboral pactado por las partes».
También determina que «cuando por las circunstancias del caso sea imposible la identificación de los trabajadores ocupados, la AFIP podrá implementar la determinación en forma global del total
de contribuciones omitidas».
En cuanto a las cooperativas de trabajo, la norma implica que las empresas que las contraten serán solidariamente responsables de las obligaciones que, para con el Sistema Unico de la Seguridad Social, «se hayan devengado por parte de los asociados» de dichas cooperativas durante la contratación.
La Ley establece la obligatoriedad del Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico para quienes realicen esa actividad. Además, los empleadores de esta clase de personal podrán deducir de la ganancia bruta gravada el total de los importes abonados en el período fiscal.
La norma fue aprobada con los votos afirmativos de la bancada justicialista y del resto de los bloques, salvo el socialista santafesino Rubén Giustiniani y el radical chubutense Norberto Massoni.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el justicialista chaqueño Jorge Capitanich, relató que este proyecto «tiene por objeto lograr el combate al empleo informal o en negro y brindar un incentivo para regularizar el trabajo formal del servicio doméstico», que estimó afecta a unas 900 mil personas.
Sobre las cooperativas, Capitanich aclaró que «no se pretende un combate a su desarrollo sino evitar los mecanismos de elusión usándolas como artilugios».
A su turno, el radical jujeño Gerardo Morales anunció el apoyo de su bancada a la iniciativa al afirmar que compartía «el criterio en cuanto a otorgar herramientas que mejoren el control y apunten al objetivo de combatir la evasión previsional y el trabajo en negro».
Sólo apuntó algunas observaciones vinculadas con el otorgamiento de mayores poderes para la AFIP que «podrían significar en actitudes de inspectores que abusan de las facultades que tienen y que harían sentir desprotegido al
contribuyente».
Por su parte, el socialista Giustiniani criticó la norma al denunciar que «a los grandes evasores no se los persigue, no están acá, ni en el proyecto de Antievasión I».
