Planes sociales: más de la mitad son para afiliados a los partidos

Surge del cruce entre la lista de beneficiarios del Plan Jefas y Jefes de Hogar y los padrones partidarios en todo el país. Peronistas y radicales se llevan la mayor parte. Pero casi ninguna fuerza queda afuera.

Se cae una de las caretas del clientelismo: más de la mitad de los beneficiarios del plan Jefas y Jefes de Hogar son afiliados a algún partido político y se quedan con 125 millones de pesos de los 234 millones que el Estado paga por mes por esos planes.

En su mayoría pertenecen al peronismo y al radicalismo, las dos fuerzas que se alternaron en el poder desde el retorno democrático sin encontrar todavía una solución a la pobreza.

Hasta ahora, sólo se había buceado en la relación que existe entre estos subsidios de supervivencia, repartidos desde el poder muchas veces con criterio de negociación política, y las fuerzas piqueteras, que agudizan o descomprimen el conflicto social según la cantidad de planes que reciben.

La novedad es que, mientras el sector de la protesta callejera maneja entre 150 mil y 200 mil planes, entre el 10% y el 14% del total, los partidos políticos controlan mucho más: sus afiliados reciben 837.500 planes, el 51%. Es la mitad más uno de una torta bien cuidada desde los aparatos partidarios, las intendencias y las principales administraciones provinciales.

La calculadora y el análisis político encienden una luz roja: con padrones que se admiten “inflados” y muy rara vez depurados en el país hay 8,3 millones de afiliados a partidos políticos, sobre 25,7 millones de personas que pueden votar. Quiere decir que hay un afiliado cada tres electores. La actual distribución de los planes entre los más pobres desnuda que hay un afiliado cada dos beneficiarios, una sospechosa proporción que se convierte en indicio del manejo clientelista de la ayuda social.

Estos datos surgen del cruce informático entre los padrones de afiliados partidarios en cada provincia y los listados de quienes cobran el plan Jefas y Jefes. El trabajo fue realizado por especialistas de la UCR porteña que preside Jesús Rodríguez.

Sobre esa base, la información fue ampliada por Clarín con informes actualizados de la Cámara Nacional Electoral, reportes de sus corresponsales en todo el país y consultas con diversas organizaciones no gubernamentales (ONG).

De esto se desprende que los más favorecidos son los afiliados peronistas, que cobran 381.600 planes; segundos, los propios radicales, con 190.300; terceros, los militantes del Frente Grande (la fuerza que integró la Alianza y se desintegró en partículas que vuelan cerca del kirchnerismo), con 23.996; y luego un mosaico de simpatizantes de 241 agrupaciones de todo el país.

La foto de este sugestivo mapa nacional se reproduce en las provincias, donde las fuerzas tradicionales, como el Partido Liberal de Corrientes, tiene 10.300 afiliados que cobran planes; el Movimiento Popular Neuquino, 7.100; la Fuerza Republicana de Tucumán, 6.300; el Partido Demócrata de Mendoza, 5.100; el Renovador de Salta, 4.100; y el Bloquista de San Juan tiene 3.200 beneficiarios.

Es un derecho democrático estar afiliado a cualquier partido que el ciudadano escoja en libertad. Pero en el caso de los planes parece un requisito no escrito para estar más cerca de cobrar los 150 pesos mensuales del plan, si se tiene en cuenta que en el país hay 11 millones de personas que viven con menos de 150 pesos por mes, pero sólo un millón y medio tiene acceso al plan y, de ellos, la mitad son afiliados a partidos.

La intermediación entre la asistencia y los ciudadanos que la reciben está expresamente prohibida por la ley.

Estos subsidios comenzaron a pagarse en la última etapa del gobierno de Carlos Menem, cuando se llamaban planes Trabajar.

La Alianza los siguió otorgando, la transición de Duhalde los consolidó y amplió su llegada a casi dos millones de personas, y el gobierno de Kirchner los mantuvo durante los 27 meses que lleva en el poder.

Hoy, los planes están en la mira. En octubre último la Iglesia consideró que los subsidios que no exigen una contraprestación laboral o educativa “fomentan la vagancia” y Kirchner aceptó que “indignifican”. Desde esa época, cuando el plan tenía 1.623.000 beneficiarios, hasta ahora, la cantidad sigue en descenso: hoy lo cobran 1.559.591 personas, de las cuales un tercio vive en la provincia de Buenos Aires.

El ministro de Economía, Roberto Lavagna, hizo dos llamados públicos a terminar con estas formas de “asistencialismo”. Y la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, busca concentrar el manejo de la ayuda oficial, con la idea de achicar a la mínima expresión el plan Jefes de Hogar y pasar a parte de sus beneficiarios a otros programas.

Pocos hablan del escaso o nulo control sobre el manejo de estos fondos por parte de la sociedad civil. Sólo se conformaron 11 de los 22 consejos consultivos que tenían que instalarse en las provincias para ese fin.

“Están en deuda Chaco, Chubut, Córdoba, Formosa, La Pampa, Mendoza, Misiones, Río Negro, Santa Fe, San Juan y Santiago del Estero. No hay registros y los observadores no tienen recursos ni capacitación. Hay buena voluntad en algunas pocas provincias, pero a nivel país el control es muy débil”, señaló la investigadora Jessica Malegarie, del Grupo Sophia, que tiene puntos de contacto con el macrismo.

El propio oficialismo tiene que afinar la puntería, porque varios de sus adherentes aparecen en la lista de los que cobran planes sociales: 4.300 afiliados al Partido de la Victoria bonaerense, 1.300 de la Corriente Patria Libre, que lidera Humberto Tumini, y 1.100 de Nueva Democracia, la fuerza del piquetero Luis D’Elía.

INFORME. CORRESPONSALES Diario Clarin

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