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El procesamiento por el delito de «negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas», dictado por la Sala I de la Cámara, incluyó un embargo de 500.000 pesos sobre los bienes del ex funcionario, según informa la agencia Télam.
Las contrataciones que se investigan son por una suma que asciende a los más de 2.000.000 de pesos. Alvarez se desempeña actualmente como defensor público de menores e incapaces.
La investigación abarcó las contrataciones de dos arquitectos entre octubre de 1995 y octubre de 1997 para la dirección de las obras de refacción y remodelación en distintos institutos bajo la órbita del Consejo.
La Cámara consideró que la relación que Alvarez mantenía con los arquitectos fue determinante para otorgarles los trabajos de adecuación de los establecimientos.
Los camaristas Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani aseguraron que la responsabilidad de Alvarez consistió en «haberse interesado» por la contratación de los arquitectos, que incluyendo la compra de los materiales, insumió 2.300.000 pesos, lo que «evidentemente resultó en un beneficio» para los profesionales, informó la misma agencia.
Fuente Diario Clarin