La Mandataria, estuvo acompañada por el ministro de Gobierno, Guillermo Aramburu; de Economía, Christian Ruiz; el Presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Alejandro Berola y la Diputada Nacional Nélida Belous.
Berola destacó que se están dando “los últimos pasos para terminar esta larga historia y ver como transitamos los últimos tramos de este acuerdo con las empresas”, por lo que en pocos días más “volveremos a reunirnos en la ciudad de Buenos Aires” adelantó.
El funcionario manifestó que la intención del Ejecutivo “es enviar lo antes posible el expediente a la Fiscalía de Estado, para que ni bien vuelva de allí la Gobernadora Ríos firme el decreto que habilite el inicio de esta obra canjeándola por una concesión”.
Además, el Estado provincial está a la búsqueda “de una opinión externa sobre cuestiones técnicas que exceden a las áreas específicas de Gobierno” explicó el Presidente de la DPP, precisando que este aval “lo dará un organismo que estamos definiendo, que podría ser la Facultad de Ingeniería de la UBA o el Centro Argentino de Ingenieros que son dos instituciones centenarias, prestigiosas e indiscutibles”.
No obstante, “todo esto se realizará ad-referéndum de la Legislatura, quien una vez que de su consentimiento y entienda que esto es viable, razonable y positivo, se generará el contrato de concesión de obra pública donde se plasmarán los detalles del mismo” concluyó el funcionario.
Por su parte, el representante legal de la empresa Piedrabuena SA, licenciado Fernando Gliubich consideró que esta reunión tripartita sirvió para “manifestar la necesidad de darle forma al proyecto final para obtener el decreto que nos permita recibir el primer ingreso de fondos y comenzar con la obra”.
“La Gobernadora ha mostrado un compromiso inmenso con este proyecto, más aun teniendo en cuenta su importancia para el desarrollo de la Provincia” valoró Gliubich.
La obra demandará una inversión muy importante, además de que la empresa desistirá de llevar adelante un juicio contra la Provincia del orden de los 100 millones de pesos por lucro cesante, heredado de gestiones anteriores.
A cambio, la empresa recibirá la terminal en concesión por 40 años, con la posibilidad de que el Estado realice una oferta de adquisición cada 5 años.
