Mejorar y controlar

Las quejas por los malos servicios de las telecomunicaciones, en especial en los teléfonos móviles, encabezan los reclamos que se formulan ante los organismos públicos y las encuestas de opinión en la Argentina.
Este fenómeno no es ninguna novedad, ya que casi todos los consumidores coinciden en la mala calidad de la prestación. Baja recepción, llamadas que se cortan, servicios de data y conectividad muy lentos forman parte de las quejas que los usuarios presentan en forma cotidiana ante las empresas prestadoras, así como ante los organismos encargados de defender sus derechos. En la mayoría de los casos, estos no son atendidos, y de allí el evidente malestar colectivo. Los reclamos incluyen las prestaciones de Internet y, en menor medida, las de telefonía fija.
Aunque en forma tardía y acuciado por el calendario electoral, el Gobierno nacional tuvo el acierto de sancionar un Reglamento de Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones, que permitirá medir estándares comunes de las prestadoras. Esta es la primera medida de fondo para con el sector en la última década.
La norma 5/13 de la Secretaría de Comunicaciones incluye, además de indicadores objetivos, aspectos relacionados con la atención al usuario respecto del funcionamiento y la facturación del servicio, cortes y demoras en las comunicaciones. Los indicadores serán públicos y los operadores podrán ser sancionados cuando no alcancen los estándares mínimos que rigen en Italia, España y Brasil, donde operan las principales compañías establecidas en la Argentina.
Nuestro país debe recuperar el poder de control por parte del Estado. Esto es un paso adelante, sin dudas, en relación con lo que fue la privatización del servicio y un crecimiento descontrolado en los últimos años.
En cambio, en lo que se puede disentir es en la amenaza que lanzó el ministro de Planificación, Julio De Vido, al presentar el reglamento. “Lo que no haga el privado, lo va a hacer el Estado, como pasó con Aguas Argentinas, el Correo y el petróleo (por YPF)”, afirmó el funcionario. En efecto, las tres empresas son altamente deficitarias, con niveles de productividad que están por debajo de los que mostraban en manos privadas, aun cuando estas empresas no cumplieron con los planes de inversión previstos.
Por otra parte, el enorme déficit de Aerolíneas Argentinas y las trabas que impone a otras compañías para evitar una competencia más eficiente no son un buen ejemplo para que el Estado también se haga cargo de una prestación –la telefonía celular e Internet– que requiere millonarias inversiones (y actitud de diálogo) para evitar el atraso tecnológico.
Controlar, exigir el cumplimiento del reglamento y sancionar si corresponde es la función del Estado. La estatización es una aventura de malos resultados en la Argentina reciente.