En el caso del estado, en esta oportunidad estado provincial, la actitud es ofenderse cuando se le pretende cobrar o aun peor, no responden ni siquiera los llamados de los proveedores a los que ya les deben mas de 7 meses de pagos.
La actitud que, le cuestiona el gobierno provincial al nacional, por no enviar los fondos que le corresponde por ley, se traslada desde los proveedores a los funcionarios provinciales que tampoco dan ningún tipo de respuestas.
Tambien el gobierno, actúa como los libertarios seleccionando a quienes les paga o envía fondos, el gobierno nacional lo hace con las provincias que le aportan votos, el gobierno provincial tambien, con quienes le son funcionales en distintos aspectos, ya sea escribiendo el diario de Irigoyen o guardando silencio a la espera que a algún funcionario se le antoje tenerlo en cuenta y acepte, si no está muy susceptible, pagar lo que debe.
Este medio por primera vez en 26 años de trabajo, se vio obligado a levantar la pauta del gobierno provincial por morosidad incobrable, lo mismo pasa con cientos de proveedores en toda la provincia que, sumidos en la mas absoluta desesperación e incertidumbre, esperan poder cobrar para seguir sobreviviendo, y con esa actitud lo que hacen es perjudicarse y perjudicar a todos los que están en la misma situación, porque los deudores aprovechan para seguir ganando tiempo.
Ni siquiera se han dado la tarea de avisar que no podrían pagar, que había problemas, que no llegaban fondos, etc, al menos para tomar las medidas preventivas ante la deuda que iban acumulando mes a mes.
No esta bien ofenderse cuando se es moroso, deudor incobrable y ni siquiera pueden dar la cara, eso es de personas con muy poca dignidad, respeto por el prójimo y sobre todo una actitud de falta de respeto por las normas establecidas como estado y que bien podría caratularse como incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que es retención indebida de fondos tratándose del estado provincial.
Este tipo de situaciones siempre terminan con la presentación de una carta documento, un recurso de amparo o medidas por el estilo exigiendo el pago de manera inmediata. Aclarando que el envió de una carta documentos, cuesta 160.000 pesos y no todos los acreedores cuentan con esa suma.
En síntesis, el estado lejos de ofenderse, debería cumplir con sus obligaciones o no asumirla, y en todo caso explicar donde está el dinero que debió destinar a los proveedores que prestan distintos servicios en toda la provincia y a los que les deben 127.000 millones de pesos.
Tambien les debe mas de 14 mil millones al municipio de Ushuaia, una suma similar al municipio de Rio Grande y algo de 5000 millones a Tolhuín, otra monumental suma a OSEF y tampoco se les da respuesta, por el contrario el Ministro jefe de Gabinete, Jorge Canals, calificó la marcha en reclamo de fondos, que se realizó en Ushuaia, como «una marcha política».
Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar
