Diez meses en los que el gobierno provincial ha perfeccionado una práctica preocupante: la discriminación selectiva y la humillación sistemática de 540 familias. Y, como si fuera poco, con la inestimable colaboración de quienes “administran” una Caja de Previsión que, a esta altura, parece funcionar más como una caja negra.
Sin recursos, sin viáticos, sin privilegios, sin gastos de representación fijos —como sí los tienen otros—, hicimos lo que ellos claramente no hacen: hacernos cargo. Con esfuerzo propio viajamos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No fuimos a pedir intervenciones que no nos corresponden. Fuimos a algo mucho más básico: que alguien escuche.
Y nos escucharon.
Tan es así, que lo primero que apareció no fue la solución inmediata, sino la sorpresa: jueces, abogados y autoridades nacionales no podían entender cómo en Tierra del Fuego una resolución interna puede valer más que la ley y que la propia Constitución Nacional. Mucho menos, que semejante decisión esté firmada por quienes deberían cuidar los aportes de toda una vida… y terminan dejando a 540 familias sin ingresos.
Pero claro, acá eso parece normal.
La Legislatura pide informes.
La Caja no responde.
La ley exige.
Ellos ignoran.
Y después hablan de institucionalidad.
Ahora bien, la pregunta es sencilla:
¿la impunidad también viaja a Nación o se les termina en la puerta?
Como lo dijimos siempre: Bordon miente.
Y otra vez quedó en evidencia.
Mientras repite que el Gobierno no le debe nada a la Caja, el propio Ministro de Economía —casualmente hijo de un policía territorial— reconoce que sí existe deuda.
Entonces insistimos:
¿cuánto más nos deben?
¿Y cuánto más piensan ocultar?
Lo verdaderamente grave no es solo la deuda. Es la decisión política de sostenerla. Es el silencio cómplice de los distintos poderes del Estado, que teniendo herramientas para terminar con esto, eligen mirar para otro lado.
Y ahí es donde la ironía se queda corta.
Porque quienes deberían garantizar la ley, la esquivan.
Quienes deberían dar respuestas, se esconden.
Y quienes deberían tener autoridad moral, hace rato que la perdieron.
Si no pueden gestionar, si no pueden cumplir la ley, si no pueden explicar lo inexplicable, al menos hagan algo digno por primera vez: reconozcan el fracaso y den un paso al costado.
O expliquen —con pruebas, no con relatos— por qué 540 familias siguen pagando las consecuencias de su incapacidad o de algo mucho peor.
Porque esto ya no es desprolijidad.
Esto tiene nombre.
Asociación de Esposas, Familiares, Pensionados e Hijos de Policías de la Provincia de Tierra del Fuego
