La coparticipación federal es un sistema constitucional destinado a distribuir entre las provincias determinados recursos fiscales recaudados por el Estado nacional. No todos los impuestos que recauda Nación son coparticipables. Incorporado formalmente a la Constitución Nacional en la reforma de 1994, el artículo 75 inciso 2 estableció que antes de fines de 1996 debía crearse un nuevo régimen basado en acuerdos entre el poder central y las provincias.
Sin embargo, esa reglamentación nunca llegó y actualmente sigue vigente la Ley de Coparticipación sancionada en 1988, que distribuye fondos con porcentajes fijos y sin actualización respecto a la realidad demográfica y económica del país.
¿Qué son los ATN? Se trata de fondos discrecionales que el Gobierno nacional utiliza para asistir a provincias en emergencias, aunque en muchos casos las gestiones de turno los usan para negociar apoyo político. No están regulados por ley y su administración carece de transparencia.
Un problema central del sistema actual es la inequidad en la distribución. Por ejemplo, la Provincia de Buenos Aires, que concentra cerca del 39% de la población, solo recibe alrededor del 20% de los recursos coparticipables. Como contrapartida, Tierra del Fuego, con apenas el 0,4% de la población total del país, obtiene un 1,1% de los fondos. Estos porcentajes fijos no consideran el crecimiento poblacional ni las necesidades específicas de cada provincia, lo que genera profundas desigualdades territoriales.
Por falta de actualización, “aquellas que crecieron poblacionalmente terminan recibiendo menos por habitante”, explica el economista Guido Zack
Guido Zack, economista y director del área de Economía de Fundar, explica que esta situación se debe a la necesidad de consenso unánime para modificar la norma, lo que resulta en un bloqueo casi total: “Para que haya una nueva ley de coparticipación, todas las provincias tienen que estar de acuerdo, y ninguna puede recibir menos de lo que tiene hoy. Eso hace casi imposible cualquier cambio”, indica a El Auditor.info.
“Los porcentajes son fijos desde 1988 y no tienen en cuenta el crecimiento demográfico ni la recaudación propia de cada provincia. Por lo tanto, aquellas que crecieron poblacionalmente terminan recibiendo menos por habitante”, agrega. Esto profundiza las desigualdades, dado que provincias con recursos naturales, como petróleo o minería, tienen ingresos propios que las hacen menos dependientes del sistema, mientras que otras quedan atadas casi exclusivamente al dinero de la coparticipación.
Por su parte, la politóloga Lara Goyburu, directora Ejecutiva de la consultora Management & Fit, explica que la falta de actualización de la norma también responde a intereses políticos: “La Constitución exige que cualquier cambio se haga por ley convenio acordada por Nación y todas las provincias. Eso implica que cualquier intento afecta intereses consolidados, y los ganadores del esquema actual tienen poder para frenarlo”.
Además, añade que “el Ejecutivo mantiene la fórmula actual porque combina transferencias automáticas con giros discrecionales que sirven para negociar, contener y administrar tensiones sin necesidad de abrir toda la discusión de fondo”.
«Cualquier intento de reforma afecta intereses consolidados y los ganadores del esquema actual tienen poder para frenarlo”, destaca la politóloga Lara Goyburu
Estas transferencias discrecionales, los ATN, cumplen un papel político clave en el vínculo entre Nación y provincias. Como explica Goyburu, “son la herramienta más visible para construir o romper alianzas. El Gobierno nacional las usa para premiar a gobernadores aliados, contener opositores o presionar a quienes necesitan fondos urgentes. Como no tienen fórmula fija, se administran con total flexibilidad y se convierten en moneda de negociación en tiempo real”.
En períodos de estabilidad económica, los gobiernos provinciales pueden contar con cierta previsibilidad, pero cuando la economía se desacelera, la relación se vuelve más vertical, con Nación imponiendo la agenda y limitando la autonomía provincial. Goyburu advierte que “en años de caída real, la relación se recentraliza: Nación marca la agenda y las provincias se ven obligadas a adaptarse. El federalismo termina funcionando en clave vertical, con menos autonomía de la que la Constitución promete”.
Las provincias con menor recaudación propia priorizan la liquidez inmediata, relegando proyectos estratégicos. En cambio, las que cuentan con recursos propios significativos tienen mayor margen para planificar a largo plazo y negociar en igualdad de condiciones.
Ambos especialistas coinciden en que para avanzar hacia un régimen más justo y funcional es necesaria una reforma integral, pero que las barreras políticas son enormes. Zack señala que “Argentina tiene un sistema tributario complejo, distorsivo y regresivo que requiere una nueva Ley de Coparticipación para armonizar impuestos y mejorar la coordinación entre niveles de gobierno”.
Frente a esto, emerge un vínculo entre las distintas jurisdicciones. Goyburu destaca que “la coordinación intergubernamental horizontal permite que las provincias, sin pasar por el filtro del Gobierno nacional, puedan resolver problemas comunes y aumentar su poder de negociación”.
Mientras tanto, el régimen vigente funciona con desequilibrios y condicionando las autonomías políticas provinciales. El desafío está planteado: construir consensos que permitan modernizar un sistema clave para la estabilidad fiscal y la equidad.
Fuente:El Auditor
