El proyecto de la educación de jóvenes en cuarteles logró su media sanción en el Senado con un resultado ajustado, en el que los votos a favor los pusieron el radicalismo y el peronismo disidente y el rechazo estuvo dominado por la bancada oficialista. El texto propone que los jóvenes “en situación de riesgo” tengan una oportunidad de concluir sus estudios nada menos que en cuarteles militares, salteando las instituciones educativas públicas existentes. El Ejército, que según los senadores votantes debería ser el espacio de recepción y contención de esos jóvenes, rechazó –como ya informó este diario– el convite de transformarse en un bachillerato incorporado para pobres, sosteniendo que no forma parte de sus funciones ni sus integrantes están preparados para dedicarse a este tipo de actividad docente. Como un indicio del grado educativo del proyecto, baste recordar que fue tratado por las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y Seguridad Interior y Narcotráfico y no fue enviado a la Comisión de Educación. La votación, para más datos, fue tratada dentro de un paquete de leyes de seguridad.
La iniciativa corrió por cuenta de los radicales mendocinos Ernesto Sanz y Laura Montero, el sa(a)dismo puntano y el oficialista José Pampuro, aunque este último finalmente no se presentó a la votación, en línea con la decisión del FpV de rechazar el proyecto. El Servicio Cívico fue votado por 33 senadores (UCR y PJ disidente) y rechazado por 31 (el oficialismo y sus principales aliados, entre ellos los senadores fueguinos que responden a la gobernadora Fabiana Ríos). Hubo dos abstenciones (Norma Morandini y Eugenia Estenssoro) y seis ausencias, entre las que figuran las de Pampuro y Roxana Latorre (que estuvo de viaje con la Presidenta) y la del socialista Rubén Giustiniani, quien sí se presentó luego a votar la ley de salideras.
El Servicio Cívico Voluntario prevé un programa de capacitación en oficios para jóvenes de entre 14 y 24 años, que se encuentren en situación de riesgo, y a cambio recibirán una beca equivalente a tres asignaciones universales y podrán finalizar sus estudios formales primarios y secundarios.
La idea tiene su antecedente en una experiencia llevada a cabo por Julio Cobos en Mendoza, que fue de mal en peor: el número de asistentes voluntarios se redujo en un par de años en un 40 por ciento.
El proyecto votado ayer es el resultado de un dictamen por mayoría alcanzado la semana pasada y que unificaba los proyectos de los radicales mendocinos Sanz y Montero, del puntano Rodríguez Saa y del oficialista Pampuro. El dictamen por mayoría fue votado el 21 en un plenario de las comisiones antes mencionadas, impulsado por la presidenta de Justicia y Asuntos Penales, la opositora salteña Sonia Escudero, y la representante eclesiástica Liliana Negre de Alonso, entre otros. Pero también el de la oficialista díscola Adriana Bortolozzi de Bogado.
La senadora Blanca Osuna, vicepresidenta de la Comisión de Educación, denunció que el proyecto “propone una especie de internado en las dependencias militares para algunos jóvenes. Pero no cualquiera. Está dedicado a los jóvenes en situación de riesgo, los más pobres”. La senadora también denunció que “el dictamen no fue girado a la Comisión de Educación”, lo que revela las pretensiones de los redactores del proyecto: pese a que está planteado como un sistema de educación, fue ingresado a comisiones de seguridad y tratado en el proyecto de leyes consideradas de seguridad, junto a la de salideras bancarias y a la de desaparición forzada de personas.
El presidente del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, criticó la iniciativa porque “en el fondo subyace el riesgo de reinstaurar un servicio militar light”, porque “podría actuar como disciplinador social”, al tiempo que significaría “el retorno de las fuerzas militares en temas de la seguridad publica”, que fue eliminado por ley durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
“Es un horror, un eufemismo decir que es un proyecto educativo cuando lo único que hace es discriminar a los pobres”, sostuvo Claudia Cesaroni, directora adjunta de la Asociación para la Prevención de la Tortura. “Más que de educación es un plan de criminología cosmética, parece un problema de disciplina, parece que todo queda reducido a los jóvenes que tienen anulados sus derechos de educarse en escuelas públicas”, sostuvo el defensor general de San Nicolás, Gabriel Ganón.
“Más allá de los intereses que han motivado a los senadores a redactar y votar el proyecto, hoy en Argentina rige la Ley Nacional de Educación que hace obligatorio el acceso de todos los jóvenes a la educación primaria y secundaria –señaló Gimol Pinto, especialista en protección de la infancia de Unicef Argentina–. Y muchos adolescentes no están pudiendo ejercer ese derecho fundamental. También está vigente la ley de prohibición del trabajo infantil que prohíbe el trabajo hasta los 16 años. Lo central es que el Estado debe garantizar que los chicos que se encuentran en exclusión tienen que estar en la escuela y tienen la educación garantizada por el Estado y la solución no pasa por abrirles talleres alternativos.”
“¿Y qué tiene de malo que el Estado ayude a chicos que no tienen acceso a la escolaridad y que se encuentran en situación de riesgo?”, fue la defensa que abrumó durante la sesión de ayer. Los senadores que adoptaron ese discurso hicieron el olímpico salteo de la propuesta educativa: la mecánica de tratamiento figura en la labor parlamentaria, que evidenció que se trató de una propuesta más sobre el problema de la seguridad.
El proyecto pone como requisitos tener entre 14 y 24 años, pasar un control médico psicofísico, sostiene que el contenido de los cursos y capacitaciones será elaborado por el Ministerio de Educación de la Nación (pese a que no ingresó a la Comisión apropiada) y se desarrollará en instalaciones del Ejército que se encuentren en desuso, pese a que el Ejército rechazó el convite.
El proyecto, ahora, deberá ingresar en Diputados donde deberá superar el primer escollo: ¿la comisión de cabecera será la de Seguridad o la de Educación?
hcecchi@pagina12.com.ar
Página|12 30/09/10
A pesar de las críticas, se dio media sanción al Servicio Cívico Voluntario
Por Christian Boyanovsky Bazán
El Ministerio de Defensa, la Jefatura del Ejército y organizaciones como la CTA lo rechazan.
Por un margen mínimo, el Senado dio ayer media sanción a la conformación del Servicio Cívico Voluntario, una suerte de reclutamiento que pretende contener a jóvenes “marginados” pero que también otorga a las Fuerzas Armadas el rol de organizador y formador. Este sistema, cuya experiencia en Mendoza dio lugar a uno de los proyectos originarios, recibió fuertes críticas desde el Ministerio de Defensa de la Nación, la Jefatura del Ejército y otros sectores políticos y sociales, como la Dirección Nacional de Juventud y la CTA.
En una sesión en que se votaron además proyectos sobre salideras bancarias y la desaparición forzada de personas, los senadores aprobaron por 33 votos contra 31 (hubo dos abstenciones) un proyecto que unificó otros tres, que habían presentado el bonaerense José Pampuro y los mendocinos Ernesto Sanz y Laura Montero.
La iniciativa, que ahora deberá ser evaluada por la Cámara Baja, está destinada a ciudadanos de entre 14 y 24 años que no estudian ni trabajan y que se encuentran en situación de “riesgo social”. Busca utilizar instalaciones ociosas de las Fuerzas Armadas para impartir estudios y enseñar oficios. Los participantes cobrarán subsidios y becas.
El Ministerio de Defensa de la Nación rechaza ese plan porque considera que “el perfil profesional de las Fuerzas Armadas no es adecuado a las funciones de contención social y educación formal de la población joven”. Días atrás, ante la consulta de Tiempo Argentino, la subsecretaria de Formación del Ministerio de Defensa, Sabina Frederic, cuestionó que el servicio podría repetir la experiencia ya superada de la “colimba” y se preguntó: “¿Esto es un servicio civil-militar encubierto?”
A pedido de la cartera que encabeza Nilda Garré, el jefe del Estado Mayor General del Ejército, teniente general Luis Alberto Pozzi, presentó un informe que descalifica lo propuesto por los senadores. En el informe al que accedió este diario se puntualiza que dentro del rol asignado al Ejército “no (se) contempla la posibilidad de otorgar espacios de contención a jóvenes en situación de riesgo por no tener capacidad, ni aptitud, ni un marco legal que así lo permita”.
La Secretaria de Derechos Humanos de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) pidió “dejar atrás estos postulados arcaicos de estigmatización, segregación social y profundamente discriminatorios de políticas de encierro para pobres como es este mamarracho del Servicio Cívico Voluntario”
Tiempo Argentino 30/09/10
¿De qué se trata el Servicio Cívico Voluntario?
El dictamen de Servicio Cívico Voluntario propone la creación de un programa de capacitación en oficios para jóvenes de entre 14 y 24 años que no tengan empleo y establece que en ese mismo curso los participantes concluyan su educación primaria y secundaria.
Artículo 2°.- Son objetivos del Servicio Cívico Voluntario:
1) Otorgar espacios de contención a jóvenes en situación de riesgo;
2) Alentar, a través de políticas activas, la terminación del ciclo educativo básico y capacitación en oficios de los ciudadanos ingresados al Servicio Cívico Voluntario, aumentando de ese modo las posibilidades de acceso al mercado laboral;
3) y de toda otra temática que fomente la cohesión social.
4) Alentar conductas y programas solidarios y productivos como herramientas de crecimiento personal y social;
Artículo 3º.- Para acceder al Servicio Cívico Voluntario son requisitos:
1) Ser argentino nativo o por opción, cuya edad estuviera comprendida entre los catorce (14) y veinticuatro (24) años. Con carácter de excepción se podrán incorporar al Servicio Cívico Voluntario las personas no comprendidas en la franja etaria antes mencionada y aquellos extranjeros con residencia permanente en el país, si las circunstancias del caso lo justificaren.
2) Someterse a un control médico psicofísico.
3) Prestar conformidad con las condiciones a cumplir para el ingreso y permanencia en el Servicio Cívico Voluntario, establecidas en esta ley y su reglamentación.
Artículo 4°- El Servicio Cívico Voluntario proporcionará a los ciudadanos ingresados cursos de formación teórico-práctica en temas de defensa civil y capacitación técnica de oficios, a cuyo término, la Autoridad de Aplicación expedirá los certificados que acrediten idoneidad, para su presentación en el mercado laboral.
Artículo 6º.- El Servicio Cívico Voluntario se desarrollará en instalaciones de las Fuerzas Armadas que se encuentren disponibles y resulten apropiadas para tal fin.
Artículo 9º- Los ciudadanos aspirantes a ingresar al Servicio Cívico Voluntario podrán optar por incorporarse al mismo en condición de alumnos permanentes o concurrentes teniendo derecho, en ambos casos, a recibir alimentación y vestimenta en el lugar donde desarrollen su formación, por el período en que estén afectados al Servicio. Los ciudadanos ingresados en condición de alumnos permanentes recibirán, además, alojamiento en la unidad que se afecte al Servicio. Cuando se tratare de instalaciones de las Fuerzas Armadas, deberán respetar los reglamentos de éstas, referidos a normas de convivencia.
Artículo 10.- Los ciudadanos que ingresen al Servicio Cívico Voluntario con el ciclo educativo básico incompleto, deberán incorporarse al establecimiento educativo más próximo a la dependencia afectada al mismo mientras dure su capacitación técnica.
Para permanecer en el Servicio será requisito inexcusable acreditar la condición de alumno regular en el ciclo educativo que esté completando.
Artículo 11.- El Ministerio de Educación de la Nación podrá:
1) Suscribir convenios con universidades públicas y privadas, a fin de posibilitar que los estudiantes, graduados y docentes de las mismas presten servicios de apoyo o tutoría a los ciudadanos ingresados al Servicio Cívico Voluntario.
2) Suscribir convenios con personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, con el objeto de acordar posibilidades de salida laboral para los ciudadanos que hayan completado el Servicio Cívico Voluntario.
Artículo 12.- Durante su permanencia en el Servicio Cívico Voluntario, los alumnos percibirán mensualmente, en carácter de beca de estudio, una suma que no podrá ser inferior al monto de tres asignaciones familiares por hijo. La percepción de dicha beca no obstará a la percepción simultánea de cualquier otro beneficio, nacional o provincial, al que tenga derecho el alumno o su grupo familiar.
El Poder Ejecutivo nacional proveerá los fondos necesarios para el pago de la beca de estudio señalada en el párrafo precedente.
